Frenan la contratación en el Dapre y abren auditoría por alza de OPS en el gobierno Petro
Imagen: El Tiempo - Política
La Presidencia de la República frenó la contratación en el Dapre y ordenó una auditoría interna después de que se detectara un fuerte aumento de los contratos por prestación de servicios, según la información divulgada por El Tiempo - Política. El gobierno admite que en cuatro años crecieron las OPS, la contratación directa y los eventos institucionales.
La Presidencia de la República decidió poner un freno a la contratación en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y abrió la puerta a una auditoría interna, luego de que salieran a la luz señalamientos sobre un aumento marcado en los contratos por prestación de servicios durante el gobierno de Gustavo Petro. La advertencia es políticamente sensible porque toca el corazón de una de las promesas más repetidas del actual Ejecutivo: reducir la burocracia, corregir prácticas opacas y cambiar la forma en que el Estado contrata.
Según informó El Tiempo - Política, desde la Casa de Nariño se reconoció que en los últimos cuatro años aumentaron las OPS, la contratación directa y también los eventos institucionales. Ese dato no es menor: en la práctica, las OPS suelen convertirse en la vía más rápida para vincular personal sin concurso de méritos, aunque con frecuencia terminan siendo una solución estructural para suplir funciones permanentes del Estado. Cuando ese mecanismo se multiplica, la discusión deja de ser solo administrativa y se vuelve política, porque expone contradicciones entre el discurso de austeridad y la realidad del gasto público.
El caso importa porque el Dapre no es una oficina cualquiera. Desde allí se articula buena parte de la operación política y administrativa de la Presidencia, y cualquier señal de crecimiento irregular en su contratación tiene impacto directo en la credibilidad del gobierno. Si la auditoría confirma que hubo un salto desproporcionado en las OPS, el Ejecutivo no solo enfrentará preguntas sobre eficiencia y control interno, sino también sobre el uso de recursos públicos en un momento en que la ciudadanía exige resultados concretos y menos improvisación. En Colombia, la contratación por prestación de servicios ya arrastra una larga historia de precarización laboral en el Estado, y por eso cada nuevo escándalo revive una sospecha de fondo: que la reforma prometida sigue chocando con viejas prácticas.
Más allá del ruido político, esta decisión abre una discusión más amplia sobre cómo opera la Presidencia cuando se enfrenta a sus propios hallazgos. Frenar contratos y ordenar auditorías puede leerse como un intento de corregir antes de que el problema escale, pero también como una admisión de que el control interno no funcionó a tiempo. En términos prácticos, la investigación podría terminar afectando decisiones de personal, la ejecución de actividades institucionales y la forma en que el gobierno justifica su gasto en lo que resta del mandato. Para la opinión pública, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: si el cambio prometía menos contratación precaria y más orden, ¿por qué los números cuentan otra historia?
