Función Pública pone en marcha depuración para acabar con funciones duplicadas en el Estado
Imagen: El Tiempo - Política
Función Pública puso en marcha una depuración interna para frenar la duplicidad de funciones en las entidades del Estado, en cumplimiento de la orden del presidente De La Espriella. El nuevo director, Leonardo Huerta, dijo que el Ejecutivo empezará a revisar procesos para ordenar la casa.
El Departamento Administrativo de la Función Pública arrancó una depuración interna de procesos en el Gobierno para frenar la duplicidad de funciones entre entidades del Estado, una tarea que el presidente De La Espriella había puesto sobre la mesa como parte de su agenda de reorganización institucional. El anuncio lo hizo el nuevo director de la entidad, Leonardo Huerta, quien dejó claro que el Ejecutivo entra ahora en una fase de revisión para identificar trámites, competencias y tareas que se están repitiendo en distintas oficinas públicas.
La decisión no es menor. En un Estado como el colombiano, donde la burocracia suele ser criticada por su lentitud, la duplicidad de funciones termina siendo más que un problema administrativo: es una fuente de gasto, de confusión y de ineficiencia que golpea tanto a la gestión pública como a los ciudadanos que dependen de ella. Según informó El Tiempo - Política, Huerta anunció el inicio de esta depuración dentro del Ejecutivo, un proceso que buscará ordenar responsabilidades y evitar que varias entidades estén haciendo lo mismo sin una coordinación clara.
El trasfondo de esta medida es político y administrativo al mismo tiempo. Por un lado, el Gobierno intenta mostrar que sí tiene capacidad de ajuste interno y de control sobre su propia estructura; por el otro, la promesa de eliminar funciones repetidas suele chocar con una realidad más compleja: entidades con competencias superpuestas, resistencias burocráticas y vacíos normativos que no se resuelven solo con una orden desde la Presidencia. La pregunta de fondo es si esta depuración terminará en una reforma real del Estado o si se quedará en un inventario de diagnósticos sin efectos concretos sobre el funcionamiento institucional.
Si el proceso avanza con rigor, podría traducirse en menos trámites, menos gasto innecesario y una administración más clara para el ciudadano de a pie, que es quien termina pagando el costo de la desorganización estatal. Pero también podría abrir tensiones dentro del propio Gobierno, porque revisar duplicidades implica tocar estructuras, redefinir tareas y, en algunos casos, admitir que durante años el Estado ha funcionado con capas innecesarias de dependencia y redundancia. En esa medida, lo que empieza como una depuración técnica puede convertirse en una prueba política de fondo para el Ejecutivo de De La Espriella.
