Camacho denuncia amenaza contra Abelardo de la Espriella y apunta a grupos armados
Imagen: infobae colombia
El general retirado Eliécer Camacho advirtió que grupos armados estarían ofreciendo una millonaria recompensa para atacar a Abelardo de la Espriella. El exoficial responsabilizó a estructuras criminales que, según dijo, rechazaron la desmovilización y volvieron a la intimidación.
La denuncia del mayor general retirado Eliécer Camacho sobre una supuesta recompensa para atentar contra Abelardo de la Espriella vuelve a poner sobre la mesa el poder de intimidación de las estructuras armadas ilegales en Colombia. El exoficial aseguró, según informó infobae colombia, que los responsables no son actores políticos ni sociales, sino delincuentes que habrían optado por recuperar el terror como mecanismo de presión tras perder beneficios asociados a la política de desmovilización del Gobierno Petro.
De acuerdo con la información divulgada, Camacho sostuvo que estos grupos rechazaron la posibilidad de abandonar las armas y, en lugar de acogerse a un proceso de reintegración, regresaron a la lógica criminal que durante años ha golpeado a líderes, opositores, empresarios y figuras públicas. La advertencia no solo gira en torno al nombre de De la Espriella, sino al mensaje que deja: en Colombia, cuando el Estado no logra desmantelar completamente las economías ilegales y las redes armadas, la amenaza se recicla y reaparece con nuevos blancos. Eso convierte cualquier señal de recompensa o plan de agresión en un asunto de seguridad nacional, no en un simple episodio aislado.
El trasfondo es conocido, aunque no por eso menos grave. Las estructuras armadas que operan en regiones con débil presencia institucional suelen alternar entre la negociación, la amenaza y la cooptación según el momento político y la correlación de fuerzas. Si, como afirmó Camacho, estas organizaciones perdieron incentivos ofrecidos por el Gobierno y respondieron con intimidación, el caso revela algo más profundo: la fragilidad de una estrategia de paz que no logra separar con claridad a los actores dispuestos a dejar la violencia de quienes solo usan el diálogo como táctica para ganar tiempo. En ese escenario, los afectados no son únicamente los líderes señalados, sino también comunidades enteras que quedan expuestas a extorsión, confinamiento y miedo.
Por eso esta denuncia importa más allá del nombre propio. En un país donde la seguridad de opositores, exfuncionarios, candidatos y defensores de derechos depende todavía de una protección muchas veces reactiva, cada alerta sobre posibles atentados recuerda que la violencia política no ha desaparecido; solo cambia de forma. El Gobierno, las autoridades judiciales y los organismos de inteligencia quedan bajo presión para verificar si la información es creíble, identificar a los responsables y enviar una señal clara de que la intimidación armada no sigue marcando la agenda pública. Porque cuando los delincuentes vuelven a sentir que pueden decidir quién habla y quién calla, el problema deja de ser individual y se convierte en una amenaza directa para la democracia.
