Gestores de paz de Petro desaparecen tras quedar en libertad y crecen las dudas sobre Paz Total
Imagen: infobae colombia
Dos hombres con amplio prontuario, beneficiados por la estrategia de Paz Total del Gobierno Petro, están hoy desaparecidos tras quedar en libertad. El episodio reaviva las dudas sobre el control estatal en una política que prometió desescalar la violencia, pero que ahora exhibe grietas peligrosas.
La estrategia de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro volvió a quedar bajo escrutinio luego de que dos antiguos integrantes de estructuras criminales, designados como gestores de paz, desaparecieran tras recuperar la libertad. Según informó Infobae Colombia, ambos hombres fueron beneficiados dentro del andamiaje institucional creado por el Ejecutivo para facilitar acercamientos con actores armados y avanzar en procesos de desmovilización, pero hoy su paradero es desconocido y las autoridades no tienen claridad sobre si se presentaron voluntariamente o si simplemente escaparon del control estatal.
El caso golpea de frente uno de los pilares políticos del gobierno: la idea de que abrir canales de diálogo con delincuentes de alto perfil puede reducir la violencia y facilitar la dejación de armas. Sin embargo, la historia reciente demuestra que esa apuesta exige controles estrictos, trazabilidad judicial y verificación permanente. Cuando figuras con antecedentes graves reciben beneficios, el Estado no solo debe evaluar su disposición real a colaborar con la paz, sino también blindar el proceso para evitar que terminen usando esos privilegios como una vía de escape. En este caso, la ausencia de información pública precisa sobre su ubicación y el momento exacto en que dejaron de estar bajo vigilancia alimenta la percepción de improvisación.
Más allá del episodio puntual, lo que está en discusión es la credibilidad de la Paz Total como política de seguridad y de negociación. En Colombia, donde la ciudadanía convive con extorsiones, homicidios y expansión territorial de grupos armados en varias regiones, cualquier señal de laxitud frente a criminales reincidentes erosiona la confianza en el Estado. Y en Estados Unidos, donde se sigue con atención la estabilidad institucional colombiana por su impacto en narcotráfico, migración y cooperación en seguridad, este tipo de fallas también levantan alertas sobre la capacidad del gobierno para distinguir entre negociación política y concesión de beneficios sin suficiente control.
El trasfondo es incómodo para el petrismo: la paz negociada puede ser una salida legítima en un país agotado por décadas de guerra, pero sin mecanismos robustos de seguimiento corre el riesgo de convertirse en una puerta giratoria. Si los gestores de paz desaparecen tras recibir beneficios, el mensaje para la opinión pública es demoledor: el Estado podría estar premiando a quienes mejor saben moverse en los vacíos institucionales. En un momento en que el Gobierno intenta sostener su narrativa de reconciliación, este episodio se convierte en una prueba de fuego sobre la seriedad, la ejecución y los límites reales de su política de Paz Total.
