Gobernadora del Magdalena responde al temor por paro armado en Santa Marta con llamado a la firmeza
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, salió a fijar posición tras los problemas de orden público en Santa Marta luego de la muerte de alias Cholo. En un video en X, dijo que ve con preocupación el presunto paro armado y prometió “mano firme” para contener la crisis.
La tensión volvió a subir en Santa Marta tras la muerte de alias Cholo, un hecho que desató problemas de orden público y obligó a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, a pronunciarse públicamente. Desde su cuenta oficial en X, la mandataria difundió un video en el que expresó preocupación por el presunto paro armado y aseguró que su gobierno responderá con “mano firme” frente a cualquier intento de alterar la tranquilidad en la capital del departamento.
El mensaje de Guerra llega en un momento delicado para la ciudad, donde el simple rumor de un paro armado tiene efectos inmediatos sobre la movilidad, el comercio y la percepción de seguridad. Aunque la gobernadora no entregó mayores detalles sobre el origen o el alcance de esa amenaza en su pronunciamiento, sí dejó claro que el episodio no será tratado como un asunto menor. Su intervención busca enviar una señal política de control institucional, en medio de un ambiente de incertidumbre que suele alimentar la desconfianza ciudadana y ampliar el margen de maniobra de los actores ilegales.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema viejo en la región Caribe: la capacidad de las estructuras criminales para imponer miedo incluso sin necesidad de ocupar el territorio de manera visible. En ciudades como Santa Marta, cualquier alteración asociada a disputas entre bandas, asesinatos selectivos o presiones armadas termina impactando a la población común, que es la primera en cerrar negocios, modificar rutas y restringir su vida diaria. Por eso importa tanto el tono de la respuesta oficial: no solo se trata de capturar responsables o reforzar patrullajes, sino de evitar que el temor se convierta en una forma de gobierno paralela.
Más allá del video publicado por la gobernadora, el episodio deja una pregunta de fondo: hasta qué punto las autoridades locales tienen capacidad real para contener crisis que nacen de disputas criminales más amplias. Santa Marta no enfrenta solo un problema de orden público coyuntural; enfrenta la presión permanente de redes que saben aprovechar vacíos institucionales, fragmentación territorial y picos de violencia para sembrar alarma. Si la respuesta del Estado no es rápida, coordinada y sostenida, la sensación de control que hoy intenta proyectar la administración departamental puede quedarse en un anuncio más, mientras la ciudadanía sigue pagando el costo más alto: vivir con miedo y con la actividad económica en pausa.
