Gobierno declara emergencia económica en 15 departamentos tras el terremoto
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno de Abelardo De La Espriella declaró emergencia económica en 15 departamentos golpeados por la crisis posterior al terremoto, tras la firma de un decreto respaldado por todo el gabinete. La Casa de Nariño insiste en que la medida no abrirá una caja sin control.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella activó este miércoles 19 de agosto una emergencia económica para 15 departamentos, una decisión que busca darle oxígeno a la respuesta estatal frente a la crisis desatada después del terremoto. El decreto fue firmado por todos los ministros, lo que muestra que el Ejecutivo quiso blindar políticamente la medida desde el gabinete y enviar un mensaje de unidad en medio de una situación que, según el propio mandatario, exige rapidez pero también límites claros.
La administración sostiene que la declaración no equivale a un cheque en blanco. Ese matiz no es menor: en Colombia, cada vez que un gobierno recurre a una figura de excepción de este calibre, se abre de inmediato el debate sobre hasta dónde puede llegar el Ejecutivo para mover recursos, modificar reglas o acelerar contrataciones sin pasar por los carriles ordinarios del Estado. En este caso, la urgencia está marcada por la magnitud de los daños y por la presión sobre las autoridades locales, que quedaron con capacidades limitadas para responder a necesidades básicas como atención humanitaria, infraestructura, transporte y servicios públicos.
Lo que está en juego va más allá del alivio inmediato. La emergencia económica suele ser el camino que escoge un gobierno cuando considera que la burocracia tradicional ya no alcanza para reaccionar a tiempo, pero esa misma velocidad puede convertirse en un riesgo si no hay controles estrictos. Por eso la afirmación presidencial de que no habrá una chequera abierta tiene peso político y jurídico: el Ejecutivo sabe que cualquier exceso podría derivar en cuestionamientos de organismos de control, la oposición y los propios ciudadanos de las zonas afectadas. En la práctica, la medida también pone bajo lupa la capacidad del Estado para llegar con soluciones reales a regiones donde, tras una catástrofe, la distancia entre el decreto y la ayuda concreta suele ser enorme.
La declaratoria, además, deja ver el tamaño de la prueba que enfrenta el Gobierno en los próximos días. No basta con anunciar recursos: habrá que demostrar que llegan rápido, que se usan bien y que priorizan a la población que más perdió. Para las familias de los 15 departamentos incluidos, la emergencia no se mide en tecnicismos jurídicos sino en horas, techos, vías, hospitales y alimentos. Y ahí es donde el Gobierno de De La Espriella se jugará buena parte de su credibilidad: en convertir una facultad excepcional en resultados visibles, sin que la necesidad termine justificando improvisaciones ni abriendo la puerta a abusos.
