Gobierno revoca a Mancuso como gestor de paz y reabre el debate sobre la “paz total”
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, una decisión que cierra uno de los gestos más polémicos de la política de “paz total”. La medida reabre el debate sobre los límites de esa estrategia y el lugar de exjefes armados en ella.
El Gobierno revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, una movida que sacude uno de los capítulos más controvertidos de la política de “paz total” y pone fin, al menos por ahora, al papel institucional que se le había abierto al exjefe paramilitar dentro de ese esquema. La decisión, reportada por El Tiempo - Política, marca un giro de fondo en la manera como el Ejecutivo está administrando los costos políticos y judiciales de incorporar a antiguos comandantes armados en procesos de reconciliación.
Mancuso había sido designado mediante la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023, en una apuesta del Gobierno por sumar a actores con influencia real sobre estructuras armadas y dinámicas de violencia, bajo el argumento de que su participación podía facilitar desescalamientos, aportes a la verdad y eventualmente rutas de sometimiento. Sin embargo, su presencia en ese rol generó desde el principio fuertes resistencias entre víctimas, sectores políticos y organizaciones que consideran que este tipo de nombramientos envían un mensaje ambiguo sobre la gravedad de los crímenes cometidos por los paramilitares. La revocatoria, aunque administrativa en apariencia, tiene una carga simbólica enorme: el Estado corrige una decisión que había sido leída por muchos como una concesión difícil de justificar.
El caso también vuelve a exhibir una tensión de fondo que ha acompañado a la política de paz en Colombia durante décadas: cómo negociar con estructuras violentas sin desdibujar la frontera entre justicia, reparación y beneficios políticos. En el papel, figuras como la de gestor de paz buscan facilitar conversaciones y generar canales de interlocución. Pero en la práctica, cuando el nombre en cuestión es el de un excomandante paramilitar como Mancuso, la discusión se traslada de inmediato al terreno moral y jurídico. Para el Gobierno, la revocatoria puede ser una forma de recomponer credibilidad y reducir ruido en un momento en que la “paz total” enfrenta crecientes cuestionamientos por sus resultados concretos. Para las víctimas, en cambio, la medida puede leerse como un reconocimiento tardío de que la institucionalidad no puede normalizar sin más a quienes lideraron una maquinaria de terror.
Más allá del caso puntual, esta decisión revela que la “paz total” atraviesa un punto de inflexión. Ya no basta con abrir puertas a antiguos actores armados: el Gobierno está obligado a demostrar que esos gestos producen resultados verificables y no solo polémicas políticas. En un país donde las conversaciones de paz suelen medirse tanto por sus intenciones como por sus efectos reales en los territorios, la revocatoria de Mancuso recuerda una verdad incómoda: la reconciliación no puede construirse a costa de la confianza pública ni de la memoria de las víctimas.
