Salud al borde del colapso: el gobierno entrante recibe una deuda de $41,5 billones

El próximo gobierno colombiano entrará a administrar una de las cuentas más delicadas del Estado: el sistema de salud arrastra una deuda total de $41,5 billones y las EPS concentran una mora del 92,6 %, un nivel que confirma que el problema ya dejó de ser coyuntural y se convirtió en una amenaza estructural para la atención de millones de pacientes. Según informó Infobae Colombia, el informe de empalme también advierte patrimonio negativo en varias aseguradoras, una siniestralidad elevada y un riesgo fiscal de $3,55 billones sobre los hospitales públicos, que hoy funcionan como la última barrera para sostener la red asistencial.

La radiografía financiera es contundente. No solo hay facturas pendientes: hay señales de deterioro profundo en la capacidad del sistema para cumplir sus obligaciones. El patrimonio negativo en las EPS significa, en términos prácticos, que varias de estas entidades ya operan con más pasivos que activos, una situación que reduce su margen de maniobra y deja menos espacio para responder a clínicas, hospitales, proveedores y usuarios. A eso se suma la alta siniestralidad, es decir, un gasto en salud que supera con creces lo que ingresa por afiliación y gira la alarma sobre la sostenibilidad del modelo en el corto plazo. El dato más sensible, sin embargo, está en la mora: si el 92,6 % de las obligaciones de las EPS está vencido, el sistema no solo está desfinanciado, sino atrapado en una cadena de pagos que se rompe desde arriba y termina golpeando al paciente en el consultorio, en la farmacia y en la sala de urgencias.

Este panorama importa porque la crisis financiera del sistema de salud no es una discusión contable: se traduce en demoras, cierres de servicios, interrupciones en tratamientos y hospitales públicos asfixiados por la falta de liquidez. El riesgo fiscal de $3,55 billones sobre la red pública es especialmente preocupante en regiones donde los hospitales departamentales y municipales son la única opción real para la población. Si esos recursos no aparecen, el Estado no solo heredará una deuda gigantesca, sino también una presión política y social inmediata, porque cualquier ajuste en salud termina afectando primero a los pacientes más pobres y a los territorios más apartados. En Colombia, la discusión sobre el futuro del sistema ya no pasa por si necesita reformas, sino por si el próximo gobierno tendrá capacidad de evitar un colapso financiero más visible.

Lo que deja este informe de empalme es una advertencia inequívoca: el nuevo gobierno no recibirá una hoja en blanco, sino un sistema tensionado por deudas acumuladas, aseguradoras en crisis y hospitales públicos al límite. La pregunta de fondo no es solo cómo cubrir el hueco, sino quién pagará el costo de corregirlo y cuánto tiempo podrá resistir la red de atención antes de que la crisis financiera se convierta, otra vez, en una crisis humanitaria.