Gobierno revisa compra de Gripen mientras Contraloría alerta por pago observado
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno colombiano abrió una revisión del contrato para comprar 17 aviones Gripen, mientras la Contraloría advierte un posible detrimento patrimonial de $2.130 millones por un pago que no tendría respaldo suficiente. La falta de una estimación clara sobre el costo total mantiene bajo sospecha una de las compras militares más sensibles del año.
El debate por la compra de 17 aviones Gripen entró en una zona todavía más delicada: el Gobierno revisa el contrato, pero hasta ahora no existe un cálculo claro de cuánto terminará costándole al país. En paralelo, la Contraloría General alertó sobre un posible detrimento patrimonial de $2.130 millones asociado a un pago que, según el órgano de control, no tendría suficiente sustento técnico ni financiero.
La advertencia complica una operación que ya venía generando preguntas por la opacidad de sus cifras y por la ausencia de una estimación consolidada del valor total del negocio. De acuerdo con la información conocida, la administración nacional está revisando los términos del contrato mientras persisten dudas sobre si el proceso avanzó con todos los soportes requeridos para una compra de esta magnitud. En otras palabras, el país estaría comprometiendo recursos estratégicos sin tener todavía una foto completa de la factura final.
Más allá del monto puntual observado por la Contraloría, el asunto abre un problema de fondo: cómo se toman decisiones de defensa en un contexto de estrechez fiscal y vigilancia creciente sobre el gasto público. La compra de aeronaves militares suele justificarse por necesidades de seguridad y modernización, pero cuando no hay claridad sobre el costo total, el debate deja de ser exclusivamente militar y pasa a ser también político, fiscal y de control institucional. Eso importa porque cada peso mal calculado en una operación de este tipo compite con otras prioridades del Estado, desde inversión social hasta infraestructura y seguridad ciudadana.
El caso de los Gripen puede terminar convirtiéndose en una prueba para el Gobierno: o aclara con precisión el alcance financiero y jurídico del contrato, o deja instalada la sospecha de que una compra estratégica se está moviendo con más velocidad que controles. Y en un país donde los grandes contratos suelen chocar con preguntas de transparencia, esa diferencia no es menor: define si se trata de una modernización necesaria o de otro episodio en el que el Estado termina pagando demasiado por saber demasiado tarde cuánto debía pagar.
