Reclutamiento de menores: Congreso avanza en penas de hasta 50 años, pero persisten dudas
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Congreso dio un primer paso para endurecer el castigo contra quienes reclutan menores en Colombia, con penas que podrían llegar a 50 años de cárcel. La discusión, sin embargo, va más allá del castigo: expertos advierten que la ley solo funcionará si el Estado llega antes que las bandas a los barrios y veredas.
El proyecto de Ley de Niñez y Adolescencia que ya superó su primer debate en el Congreso pone sobre la mesa una de las respuestas más duras que ha discutido Colombia frente al reclutamiento de menores: penas que podrían alcanzar hasta 50 años de prisión para quienes capten niños, niñas y adolescentes para redes criminales o grupos armados. La iniciativa, celebrada por sectores que exigen mano dura contra este delito, aparece en un momento en que el reclutamiento sigue siendo una herida abierta en varias regiones del país, incluido el Valle del Cauca, donde distintas organizaciones han advertido sobre la presión que ejercen economías ilegales sobre la población más joven.
De acuerdo con la información conocida en el Congreso y con el análisis de expertos consultados por El Tiempo (Colombia), el debate no se limita a aumentar el castigo. La discusión gira en torno a si una pena más severa realmente desincentiva a las estructuras que operan con violencia, extorsión y amenazas en territorios donde el Estado llega tarde o llega de manera intermitente. El proyecto, que todavía debe superar más etapas legislativas antes de convertirse en ley, busca cerrar vacíos en la protección de la niñez y enviar un mensaje claro: reclutar menores no puede seguir tratándose como un delito menor ni como un daño colateral de la guerra o del crimen organizado.
Pero aquí está el punto incómodo: en Colombia, las leyes duras suelen generar titulares contundentes, aunque no siempre resultados proporcionales en el terreno. Expertos en infancia y seguridad recuerdan que el reclutamiento no se combate únicamente con cárceles más largas, sino con prevención temprana, oferta educativa, protección territorial y presencia institucional sostenida. En departamentos como el Valle del Cauca, donde conviven zonas urbanas con corredores usados por grupos ilegales, el riesgo para adolescentes no se explica solo por la existencia de bandas, sino por la combinación de pobreza, deserción escolar, desintegración familiar y ausencia de oportunidades reales. Si el proyecto se queda en el castigo, advierten, puede terminar siendo un gesto político fuerte pero operativamente insuficiente.
Por eso la verdadera pregunta no es únicamente si esta ley endurecerá las penas, sino si el Estado está dispuesto a financiar y sostener una política integral de protección de menores. Para las familias en barrios periféricos, municipios golpeados por la violencia o zonas rurales donde la autoridad es precaria, la discusión tiene una traducción inmediata: menos reclutamiento significa más escuela, más acompañamiento social, más justicia efectiva y menos impunidad. Si el Congreso quiere que este proyecto sea algo más que un mensaje simbólico, tendrá que demostrar que la defensa de la niñez no se agota en un artículo penal, sino en una estrategia capaz de disputarles a los criminales el control de la vida cotidiana.
