Rechazo al traspaso de la Refinería de Iquitos agrava la pulseada con Petroperú
Imagen: infobae
La Refinería de Iquitos quedó en el centro de una nueva disputa política y empresarial: rechazan trasladar sus activos de Petroperú a ProInversión. El conflicto estalla mientras el complejo de Loreto opera por debajo de su capacidad y espera recursos urgentes que aún no llegan.
La Refinería de Iquitos se convirtió en el nuevo foco de tensión sobre el futuro energético del Perú. La discusión ya no pasa solo por su operación deficiente o por el costo de mantenerla activa, sino por el intento de mover sus activos de Petroperú a ProInversión, una decisión que ha encendido resistencias en medio de una planta que sigue funcionando por debajo de su capacidad y sin los recursos prometidos por el Decreto de Urgencia 003-2026.
Según informó infobae, el complejo ubicado en Loreto atraviesa una situación crítica: aunque fue ampliado hace apenas unos meses, continúa sin recibir el financiamiento necesario para despegar plenamente. Esa combinación resulta especialmente delicada porque la refinería no solo es un activo industrial, sino una pieza estratégica para el abastecimiento regional en una zona históricamente golpeada por la distancia, la logística cara y la baja presencia del Estado. Por eso, cualquier traslado de control o administración despierta preguntas sobre transparencia, eficiencia y, sobre todo, sobre quién terminará asumiendo el costo político y económico de la operación.
El trasfondo de esta pelea es más amplio que una simple disputa administrativa. Petroperú arrastra desde hace años problemas financieros, sobrecostos y cuestionamientos sobre su capacidad de gestión, mientras el gobierno busca fórmulas para contener pérdidas y reordenar activos. En ese escenario, ProInversión aparece como una vía para atraer inversión o reestructurar proyectos, pero también como una señal de que el Ejecutivo podría estar tanteando una salida parcial a la crisis de la estatal. El problema es que mover la Refinería de Iquitos sin resolver primero su subfinanciamiento puede convertir una solución aparente en otro capítulo de improvisación estatal.
Para la población de Loreto, lo que está en juego no es una disputa técnica entre entidades públicas, sino la estabilidad de un complejo que debería aportar empleo, suministro y actividad económica en una región donde cada falla logística se multiplica. Si la refinería fue ampliada pero sigue sin operar con los recursos necesarios, el riesgo es que el país termine viendo una inversión reciente convertirse en infraestructura subutilizada. Y esa, en Perú y en cualquier otro país, es la receta clásica del despilfarro: gastar para inaugurar, pero no asegurar para sostener.
