Hacienda tantea un déficit a medida para las autonomías más castigadas
Imagen: El País
El Gobierno español prepara una oferta para las autonomías peor financiadas: permitirles un déficit distinto según su situación fiscal. La medida busca sumar apoyos, pero reabre el debate sobre la desigualdad territorial y la disciplina presupuestaria.
El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una concesión relevante para intentar ganar el respaldo de las comunidades autónomas más castigadas por el sistema de financiación: aceptar objetivos de déficit diferenciados, o “asimétricos”, si los territorios los solicitan y justifican por la salud de sus cuentas públicas. La propuesta parte de un techo general del 0,1% del PIB para todas las autonomías, pero abre la puerta a modularlo en función de la situación real de cada administración regional, una señal clara de que Hacienda busca desactivar parte del malestar acumulado en las regiones peor tratadas por el reparto de recursos.
La maniobra tiene lectura política y también presupuestaria. Según la información publicada por El País, la oferta llega en un momento en que varias comunidades reclaman más margen para financiar sanidad, educación y servicios sociales sin verse obligadas a encajar el mismo corsé fiscal que otras regiones con mayor capacidad recaudatoria o menor presión de gasto. En la práctica, Hacienda está sugiriendo que no todas las autonomías parten del mismo punto, y que exigirles exactamente el mismo esfuerzo puede profundizar desequilibrios ya existentes. Ese mensaje, sin embargo, no elimina la tensión: para unas regiones, la flexibilidad es justicia; para otras, puede convertirse en un trato de favor difícil de defender ante sus propios contribuyentes.
El fondo del asunto es más amplio que una discusión técnica sobre décimas de déficit. España arrastra desde hace años un debate sin resolver sobre la financiación autonómica, un sistema que muchas comunidades consideran agotado, insuficiente y desigual. La idea de fijar “objetivos asimétricos” conecta con esa disputa de fondo: reconoce que hay territorios con menos margen fiscal, pero también introduce un precedente delicado, porque convierte el déficit en una herramienta negociable y no en una regla común. Si Hacienda termina aceptando esa vía, el Ejecutivo podría sumar apoyos puntuales para su estrategia presupuestaria, pero al mismo tiempo abriría un frente con quienes defienden que la disciplina fiscal no debe adaptarse a la carta. Para la ciudadanía, el impacto se medirá en algo muy concreto: la capacidad de los gobiernos regionales para sostener servicios públicos sin recurrir de inmediato a recortes, subidas de impuestos o más deuda.
