Forero advierte que la reforma fiscal no debe golpear a la clase media
Imagen: El Tiempo - Política
El senador Andrés Forero anticipó que su bancada llegará a la reunión con el Gobierno con reservas frente a la ley de rescate fiscal. El debate, dice, no puede terminar trasladando el costo a las clases medias y populares.
El senador Andrés Forero puso la discusión fiscal en el centro de la pelea política al advertir que la reforma que estudia el Gobierno no puede terminar cargándole la cuenta a la clase media y a los sectores populares. Según dijo en declaraciones recogidas por El Tiempo - Política, esa será la posición que defenderán los congresistas de su bancada en la reunión prevista con el Ejecutivo.
La advertencia de Forero no es menor porque anticipa un choque frontal sobre uno de los temas más sensibles de la agenda pública: cómo cerrar el hueco fiscal sin golpear el bolsillo de quienes ya vienen soportando la inflación, el encarecimiento del crédito y la presión sobre el gasto familiar. En ese escenario, la discusión no solo pasa por cuánto recaudar, sino por quién termina pagando la factura y con qué instrumentos.
El mensaje del senador también revela la línea de negociación que probablemente llevará su sector político: apoyo condicionado, revisión detallada de la propuesta y resistencia a cualquier fórmula que implique más impuestos o cargas indirectas para hogares con ingresos medios y bajos. Esa postura suele marcar el tono de las conversaciones con el Gobierno, especialmente cuando una reforma de este tipo puede afectar consumo, empleo y capacidad de ahorro en un momento económico todavía frágil.
Más allá del pulso entre Congreso y Ejecutivo, el fondo del debate sigue siendo el mismo que ha atravesado otras reformas tributarias en Colombia: el Estado necesita recursos, pero la discusión real está en cómo conseguirlos sin profundizar la desigualdad. Si la propuesta termina trasladando el peso a quienes menos margen tienen, el costo político podría ser alto; si, por el contrario, logra una distribución más progresiva, el Gobierno podría destrabar apoyos y evitar que la ley nazca marcada por el rechazo social.
