Panamá y la batalla regional por los ultraprocesados
Imagen: infobae
Panamá puso en marcha en 2022 una política para reducir el sodio y eliminar las grasas trans en los alimentos, pero esa hoja de ruta abrió un choque con la industria latinoamericana. El debate ya no es solo técnico: define qué puede venderse, cómo se etiqueta y qué termina comiendo la población.
La decisión de Panamá de arrancar en 2022 un plan para reducir el sodio y eliminar las grasas trans en los alimentos reabrió una discusión de fondo en América Latina: quién define qué es un ultraprocesado y bajo qué criterios. El movimiento, presentado como una medida de salud pública, terminó chocando con cuestionamientos de la industria latinoamericana de alimentos, que ve en esas clasificaciones una amenaza regulatoria y comercial de gran alcance.
Según informó infobae, la iniciativa panameña forma parte de una tendencia regional que busca presionar a fabricantes para reformular productos, recortar ingredientes asociados a enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, mejorar el perfil nutricional de la oferta disponible en supermercados y tiendas. En la práctica, eso implica revisar etiquetas, ajustar fórmulas y asumir costos de producción más altos en algunos casos. Para las empresas, el problema no es solo económico: también sostienen que los criterios usados para agrupar alimentos como ultraprocesados son demasiado amplios y pueden terminar castigando productos distintos bajo una misma categoría, sin distinguir niveles de calidad nutricional.
Este pulso importa porque el debate ya no gira únicamente en torno a una tabla nutricional. Lo que está en juego es el modelo de regulación alimentaria que varios países de la región podrían adoptar en los próximos años, con efectos directos sobre lo que se vende, lo que se anuncia y lo que entiende el consumidor promedio cuando mira un empaque. En países como Panamá, donde el consumo de alimentos industrializados convive con altos índices de enfermedades asociadas a la dieta, la discusión tiene una dimensión sanitaria evidente. Pero también económica y política: cada nueva norma tensiona a gobiernos, empresas, distribuidores y consumidores, y obliga a decidir entre protección de salud o flexibilidad para la industria.
En el fondo, la controversia revela una disputa más amplia que atraviesa a toda América Latina: cómo regular una industria que alimenta a millones de personas, pero también concentra crecientes críticas por su papel en la obesidad, la hipertensión y otros problemas de salud pública. La reducción del sodio y la eliminación de grasas trans en Panamá son solo una pieza de ese tablero. Lo que ocurra allí puede terminar sirviendo de referencia para otros países que hoy observan el debate con atención, conscientes de que cualquier definición sobre ultraprocesados no solo impacta etiquetas y fórmulas, sino la forma en que se produce, se vende y se consume comida en la región.
