HRW cuestiona la alianza de Noboa con EE. UU. por abusos en la guerra contra el narco
Imagen: El País
Human Rights Watch ha puesto bajo la lupa la cooperación de Ecuador con Estados Unidos en la guerra contra el narco, al documentar cuatro operaciones con presuntas violaciones de derechos humanos. El informe expone un vacío de control que complica la estrategia de seguridad de Daniel Noboa.
La apuesta de Daniel Noboa por estrechar la cooperación con Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico acaba de recibir un golpe incómodo: Human Rights Watch documentó cuatro operaciones en Ecuador en las que, según su investigación, se produjeron violaciones de derechos humanos y se actuó sin suficientes mecanismos de control. El señalamiento no solo cuestiona la eficacia de la estrategia de seguridad del Gobierno ecuatoriano, sino también el costo real de una alianza que se presenta como respuesta urgente a la violencia, pero que puede estar dejando víctimas civiles y debilitando garantías básicas.
De acuerdo con el informe divulgado por la organización, los operativos analizados muestran fallas serias en la planificación, supervisión y rendición de cuentas de la cooperación bilateral. HRW sostiene que en esos procedimientos hubo abusos que no pueden verse como incidentes aislados, sino como señales de un problema estructural: una colaboración entre fuerzas ecuatorianas y estadounidenses que avanza más rápido que los controles democráticos capaces de vigilarla. El organismo plantea además que la falta de mecanismos claros para investigar denuncias y sancionar excesos abre la puerta a que la “guerra contra el narco” termine replicando viejos errores de la región, donde la expansión del poder militar o policial suele venir acompañada de arbitrariedad, opacidad y daño a comunidades vulnerables.
El caso importa más allá de Ecuador. Noboa ha hecho de la seguridad el eje de su agenda política y ha buscado respaldo internacional para enfrentar a bandas criminales que han convertido al país en uno de los escenarios más violentos de Sudamérica. En ese contexto, Estados Unidos aparece como socio clave por su capacidad de inteligencia, entrenamiento y apoyo operativo. Pero la experiencia latinoamericana demuestra que ese tipo de cooperación, cuando no está sometida a vigilancia independiente, puede terminar erosionando el Estado de derecho que dice defender. Para los ciudadanos de a pie, el riesgo no es abstracto: significa que en nombre de combatir al crimen organizado se pueden normalizar detenciones abusivas, uso excesivo de la fuerza o intervenciones que castigan a inocentes en territorios ya golpeados por la violencia.
La denuncia de Human Rights Watch también deja una pregunta política de fondo: ¿puede Noboa sostener su ofensiva antinarco sin construir al mismo tiempo una arquitectura sólida de control civil, transparencia y reparación? Esa es la línea divisoria entre una política de seguridad legítima y una cruzada con efectos imprevisibles. Si el Gobierno ecuatoriano insiste en profundizar su alianza con Washington, tendrá que responder no solo por los resultados en materia de seguridad, sino por la legalidad y humanidad de los métodos que está utilizando. Porque en una guerra contra el narco sin contrapesos, el costo no siempre lo pagan los criminales.
