Contraloría advierte: la paz avanza, pero la reforma agraria sigue frenada
Imagen: infobae colombia
A diez años del Acuerdo de Paz, la Contraloría General advierte que Colombia sí ha avanzado en conectividad, justicia transicional y en los municipios PDET, pero sigue atascada en uno de los puntos más sensibles: la entrega de tierras. El balance también muestra retrasos en proyectos productivos que eran clave para convertir el acuerdo en resultados tangibles en el campo.
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República puso sobre la mesa una alerta que confirma una de las grandes contradicciones del posconflicto colombiano: el Estado ha logrado mover algunos frentes institucionales, pero sigue sin resolver con la suficiente velocidad la promesa central de transformar el campo. Según informó infobae colombia, el organismo encontró avances en conectividad, en el funcionamiento de la justicia transicional y en la intervención de municipios priorizados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como PDET, pero también detectó rezagos graves en la entrega de tierras y en la ejecución de proyectos productivos.
El hallazgo no es menor porque toca el corazón del Acuerdo de Paz, ese punto donde la política pública deja de ser discurso y se mide en hectáreas adjudicadas, infraestructura rural, oportunidades económicas y presencia efectiva del Estado. La Contraloría no está diciendo que no haya habido resultados; está diciendo que esos resultados han sido desiguales y, en algunos casos, insuficientes para cambiar la vida de las comunidades que esperaban una transformación real después de décadas de abandono, conflicto armado y concentración de la tierra. En términos prácticos, eso significa que mientras algunos avances institucionales empiezan a consolidarse, miles de familias rurales siguen esperando que la reforma rural integral se traduzca en propiedad, inversión y capacidad para producir.
Ese contraste importa porque el acuerdo con las extintas Farc fue vendido como una apuesta para atacar las causas estructurales de la guerra, no solo para silenciar los fusiles. Si la conectividad mejora pero la tierra no llega; si la justicia transicional funciona pero los proyectos productivos no despegan; si los PDET existen pero no se materializan en obras y empleo, entonces el Estado corre el riesgo de cumplir de forma parcial una de sus principales promesas históricas. Y ese vacío no solo afecta a los campesinos y a las regiones más golpeadas por la guerra: también erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para sostener una paz duradera, especialmente en un país donde la desigualdad rural sigue siendo una de las mayores fuentes de tensión social.
La advertencia de la Contraloría llega en un momento en el que el debate sobre el Acuerdo de Paz sigue dividido entre quienes sostienen que fue un paso necesario y quienes lo consideran incompleto o mal ejecutado. Pero más allá de la disputa política, el balance pone el foco en una verdad incómoda: la paz no se consolida con ceremonias ni con balances optimistas, sino con resultados verificables en los territorios. Y en esa cuenta, la deuda con la tierra sigue siendo una de las más grandes. Mientras no se aceleren la entrega de predios, la seguridad jurídica y los proyectos que permitan generar ingresos estables, el posconflicto colombiano seguirá avanzando a medias, con logros visibles en el papel pero con demasiadas promesas pendientes en el campo.
