El expediente de “El Chapo” revive sospechas sobre Ruffo y los Arellano Félix
Imagen: infobae
La mención de Ernesto Ruffo Appel en el expediente de Joaquín “El Chapo” Guzmán vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre poder político y crimen organizado en Baja California. El caso reabre preguntas incómodas sobre hasta dónde llegaron las redes del narco en la vida pública del noroeste mexicano.
La revelación de que Joaquín “El Chapo” Guzmán aportó información relevante sobre el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, vuelve a encender una alarma vieja pero nunca del todo resuelta en México: la sospecha de que el poder político local convivió durante años con las estructuras criminales que crecieron a la sombra del cartel de los Arellano Félix. Según informó infobae, el dato coloca nuevamente en el centro del debate una relación que durante décadas ha marcado la historia de la frontera norte y que sigue proyectando dudas sobre cómo operaban ciertas redes de influencia en uno de los estados más estratégicos del país.
El asunto no es menor. Baja California ha sido, por ubicación y por peso económico, una pieza codiciada tanto por autoridades como por organizaciones criminales. Allí confluyen rutas de tráfico, cruces fronterizos, comercio legal e ilegal y una disputa histórica por control territorial. Que el expediente de Guzmán incluya referencias a Ruffo no significa automáticamente responsabilidad penal, pero sí obliga a revisar un patrón ampliamente conocido en México: la manera en que el narco ha buscado protección, interlocución o tolerancia en distintos niveles de gobierno. En un país donde la línea entre omisión, complicidad y captura institucional suele ser difusa, este tipo de revelaciones rara vez se agotan en un solo nombre.
Lo que importa aquí no es solo el señalamiento puntual, sino el contexto que lo rodea. Los Arellano Félix fueron durante años una de las organizaciones más poderosas y violentas del país, y su influencia dejó una huella profunda en Baja California. Por eso, cualquier referencia a figuras del poder civil vinculadas, directa o indirectamente, con ese entramado despierta interés público y también sospecha. Si lo que se conoce hasta ahora proviene de información incorporada al universo criminal de Guzmán, el caso exige cautela, pero no indiferencia: en México, los testimonios y expedientes de capos han servido muchas veces para abrir puertas que durante años permanecieron cerradas en la justicia formal.
En términos políticos, la reaparición de este tema también refleja la fragilidad de la memoria institucional. Cada vez que un documento, una declaración o una filtración revive nombres del pasado, el país se enfrenta a la misma pregunta: ¿hubo solo coincidencias de época o existieron verdaderas redes de protección entre poder y delincuencia? Para la ciudadanía, especialmente en estados fronterizos donde el crimen organizado ha moldeado la vida cotidiana, la discusión no es abstracta. Define confianza en las instituciones, credibilidad de los gobiernos y la posibilidad real de romper un ciclo que México arrastra desde hace décadas.
