Gobernador de Santander pide aplazar decisión clave sobre la delimitación de Santurbán

Imagen: infobae colombia
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pidió aplazar la reunión clave del 18 de julio sobre la delimitación del páramo de Santurbán. Su solicitud busca ampliar la participación y socializar mejor la información técnica antes de una decisión que afecta agua, minería y ordenamiento territorial.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pidió al Ministerio de Ambiente mover la mesa prevista para el 18 de julio en Bucaramanga, una cita considerada decisiva en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La solicitud no es menor: en juego está una definición que impacta el abastecimiento de agua para millones de personas, el futuro de actividades mineras y la seguridad jurídica de los territorios que rodean uno de los ecosistemas más sensibles del país.
Según informó Infobae Colombia, la petición del mandatario departamental se fundamenta en la necesidad de ampliar la participación de los actores involucrados y de socializar con mayor detalle la información técnica que sustenta la discusión. En otras palabras, el gobernador plantea que una decisión de esta magnitud no debería avanzar con el reloj encima ni con una conversación restringida a pocos interlocutores. La delimitación de Santurbán ha sido históricamente uno de los debates ambientales más tensos en Colombia, precisamente porque enfrenta dos intereses de alto peso: la protección del páramo, clave para la regulación hídrica, y las expectativas económicas de comunidades y empresas que operan en la zona de influencia.
El pedido de aplazamiento revela un problema de fondo que Colombia arrastra en varios conflictos ambientales: la brecha entre la decisión técnica y la legitimidad social de esas decisiones. Cuando una delimitación se define sin suficiente pedagogía, la controversia no desaparece; por el contrario, se traslada a los tribunales, a las calles y a la incertidumbre para los territorios. Santurbán no es solo un expediente ambiental. Es una disputa sobre qué modelo de desarrollo se impone en zonas estratégicas y sobre quién asume los costos de proteger el agua en un país donde los páramos son fábricas naturales de ese recurso. Por eso, cualquier ajuste al cronograma no debería leerse únicamente como una maniobra política, sino como una prueba de si el Gobierno nacional está dispuesto a construir una decisión con mayor respaldo social o si insistirá en avanzar con una fórmula que deje más dudas que certezas.
En Santander, el pulso por Santurbán sigue siendo una radiografía de las tensiones del país entre conservación, minería y gobernabilidad. Si el Ministerio acepta o no el aplazamiento, el mensaje será claro: o abre más espacio para recomponer la discusión, o mantiene la ruta de una decisión que, por su peso ambiental y económico, difícilmente podrá imponerse sin costos políticos.




