Madres de soldados aportan a la JEP un testimonio clave sobre la masacre de Gutiérrez

Las madres de los 38 militares asesinados en la masacre de Gutiérrez, Cundinamarca, dieron un paso que puede sacudir una de las páginas más dolorosas del conflicto armado: llevaron a la Jurisdicción Especial para la Paz un testimonio que, según informó infobae colombia, podría aportar elementos decisivos sobre lo ocurrido. La declaración proviene de una exguerrillera que asegura que la instrucción dada en medio de ese ataque era no tomar prisioneros, una versión que, de confirmarse, reforzaría la gravedad de los hechos y la lógica de exterminio con la que habrían actuado los responsables.

El gesto de estas familias no es menor. Durante años, los parientes de los militares han insistido en que la verdad sobre lo sucedido no puede quedarse en la versión fragmentada de los expedientes ni en la memoria incompleta de quienes sobrevivieron. Que sean precisamente las madres de las víctimas las que impulsen este nuevo elemento ante la JEP habla de una búsqueda persistente de justicia, pero también de la desconfianza que suele quedar cuando el Estado no logra esclarecer, con suficiente claridad, cómo se ejecutaron estas acciones armadas y quiénes tomaron las decisiones en la cadena de mando.

La masacre de Gutiérrez se inscribe en una etapa del conflicto colombiano en la que las ambigüedades casi nunca eran inocentes: detrás de cada operativo, emboscada o ataque había una estructura de órdenes, incentivos y disciplinamiento interno que hoy sigue siendo materia de investigación. Por eso este testimonio importa. Si la JEP encuentra consistencia en la versión entregada por la excombatiente, no solo se ampliaría el marco de responsabilidad sobre la masacre, sino que también podría ofrecer una lectura más precisa de la brutalidad con la que se enfrentó a los soldados en ese episodio. En términos judiciales, la diferencia entre un combate y una orden de no dejar sobrevivientes puede cambiar la manera en que se atribuyen responsabilidades y se entiende la lógica del ataque.

Más allá del expediente, el caso vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda para Colombia: las familias de las víctimas del conflicto siguen siendo, en buena parte, las que empujan las investigaciones cuando las instituciones llegan tarde o avanzan con lentitud. En la práctica, lo que está en juego no es solo la reconstrucción de un crimen del pasado, sino la capacidad del país para reconocer con rigor lo que ocurrió y evitar que el relato de la guerra quede en manos de versiones incompletas o interesadas. Para los familiares de los 38 militares, este nuevo testimonio representa una posibilidad de acercarse a la verdad; para la JEP, una prueba más de que todavía hay piezas clave del conflicto que solo aparecen cuando las víctimas se niegan a dejar de preguntar.