Caen 23,5% las tarjetas de transporte en Madrid tras endurecer requisitos
Imagen: El País
La emisión de tarjetas de transporte en Madrid se ha desplomado un 23,5% en 2026 frente al promedio de los veranos de 2023, 2024 y 2025, después de endurecerse los requisitos y vincularlas al empadronamiento. El Consorcio Regional de Transportes admite que aún no tiene estudios sobre el efecto real de la medida.
La Comunidad de Madrid ha frenado de golpe la emisión de tarjetas de transporte tras endurecer los requisitos y atar su expedición al empadronamiento. En 2026, el número de títulos cayó un 23,5% respecto a la media de los veranos de 2023, 2024 y 2025, una señal clara de que la nueva barrera administrativa ya está afectando al acceso al sistema, aunque todavía no se conoce con precisión a quiénes está dejando fuera.
Según informó El País, el Consorcio Regional de Transportes reconoce que por ahora no dispone de estudios que midan el impacto de esta decisión. Ese vacío no es menor: cuando una política pública modifica el acceso a un servicio básico como el transporte, la ausencia de evaluación deja sin respuesta preguntas esenciales sobre cuántas personas han quedado excluidas, qué perfiles son los más afectados y si la medida está cumpliendo el objetivo que la justificó. Lo que sí muestran las cifras disponibles es una caída brusca en la demanda de títulos, en pleno periodo estival, cuando tradicionalmente se mueven muchas solicitudes.
El cambio introduce un debate de fondo sobre hasta qué punto el empadronamiento puede convertirse en una llave de acceso a servicios cotidianos. En teoría, la medida busca ordenar el sistema y asegurar que los beneficios lleguen a quienes residen de manera efectiva en la región; en la práctica, también puede dejar en una posición vulnerable a trabajadores temporales, personas en situación administrativa irregular, jóvenes que aún no han completado trámites o vecinos que viven entre cambios de domicilio y no tienen su situación censal al día. En una ciudad como Madrid, donde el transporte público es una necesidad diaria y no un lujo, cualquier restricción en su acceso tiene efectos inmediatos sobre el empleo, la movilidad y el bolsillo.
La caída del 23,5% no solo habla de un descenso burocrático: también refleja el coste social de convertir un requisito administrativo en filtro de entrada. Sin una evaluación pública del impacto, el Consorcio y el Gobierno regional quedan expuestos a una pregunta incómoda: si la medida era para ordenar el sistema, ¿cuántas personas ha dejado en realidad al margen?
