La Generalitat negocia con el Gobierno para salvar la ley del amianto
Imagen: El País
La Generalitat intenta cerrar una negociación exprés con el Gobierno central para salvar la ley catalana del amianto antes de una posible impugnación. Madrid cuestiona siete artículos de la norma aprobada por el Parlament en julio.
La Generalitat ha activado una negociación a contrarreloj con el Gobierno central para evitar que Madrid lleve ante los tribunales la nueva ley catalana del amianto, aprobada en julio por el Parlament. El choque gira en torno a siete artículos de la norma, que el Ejecutivo central considera problemáticos y que podrían terminar bloqueados si no hay un acuerdo en las próximas horas o días.
Según informó El País, el objetivo del Govern es desactivar la vía de la impugnación antes de que el Consejo de Ministros mueva ficha. La ley nació con la ambición de ordenar la retirada del amianto en Cataluña y reforzar la protección sanitaria y laboral frente a un material cuya huella sigue presente en edificios, infraestructuras y espacios industriales. Pero la discusión ya no es solo técnica: también es política, porque vuelve a poner sobre la mesa el pulso habitual entre la Generalitat y Moncloa cuando una comunidad autónoma legisla en un terreno sensible.
El fondo del conflicto importa más allá de la letra jurídica. El amianto sigue siendo un problema de salud pública por los riesgos que implica su manipulación y por la exposición acumulada de miles de trabajadores y vecinos durante décadas. Si la norma queda tocada por un recurso o una suspensión parcial, Cataluña podría ver retrasados mecanismos clave para identificar, retirar y gestionar ese material con mayor control. Y para los ciudadanos, eso se traduce en algo muy concreto: más tiempo conviviendo con un riesgo que la administración reconoce desde hace años, pero que todavía no ha logrado cerrar de forma definitiva.
La negociación, en ese sentido, es una prueba de hasta dónde puede llegar el entendimiento institucional cuando hay prisa y poco margen político. Si prospera, el Govern ganará aire para salvar el texto; si fracasa, el conflicto acabará en los tribunales y la ley nacerá ya marcada por la disputa competencial. En un asunto como el amianto, donde la urgencia sanitaria suele ir por delante de la lentitud administrativa, cada semana perdida pesa.
