Un juzgado de Barcelona archiva la causa contra los síndicos del 1-O tras aplicar la amnistía
Imagen: infobae
Un juzgado de Barcelona ha archivado la causa contra los cinco síndicos del referéndum del 1-O, tras aplicar la ley de amnistía. La decisión cierra un proceso que llevaba más de dos años atascado y que incluso seguía vivo pese a la absolución de los acusados en 2021.
Un juzgado de Barcelona ha puesto punto final a una de las últimas causas abiertas vinculadas al referéndum independentista del 1-O: la de los cinco síndicos encargados de supervisar aquella consulta. La magistrada ha extinguido su responsabilidad penal al aplicar la ley de amnistía, con lo que quedan archivadas unas diligencias que sobrevivieron durante más de dos años a un bloqueo judicial que, en la práctica, mantenía la amenaza sobre personas que ya habían sido absueltas en 2021.
Entre los beneficiados por la decisión figuran Tània Verge y Josep Pagès, junto con los otros tres integrantes del órgano creado para vigilar el funcionamiento del referéndum promovido por el independentismo catalán. Según informó infobae, la resolución cierra definitivamente una causa que había seguido viva pese a que la primera sentencia ya había descartado responsabilidad penal para los acusados. El archivo no solo elimina cualquier efecto penal pendiente, sino que además refuerza la aplicación de la amnistía como herramienta para desactivar procedimientos abiertos por hechos vinculados al proceso soberanista.
El caso tiene una lectura que va más allá del expediente concreto. Durante años, la judicatura española mantuvo abiertas diferentes piezas relacionadas con el 1-O, lo que alimentó la percepción en el independentismo de que la normalización política seguía atrapada por la vía penal. La amnistía aprobada por el actual contexto parlamentario se diseñó precisamente para intentar cerrar ese capítulo, aunque su implementación ha topado con resistencias, interpretaciones restrictivas y retrasos que han prolongado la incertidumbre para decenas de investigados. Que una causa ya absuelta en origen haya necesitado más de dos años para cerrarse muestra hasta qué punto el final judicial del conflicto catalán sigue siendo irregular y todavía discutido en los tribunales.
En términos políticos, la decisión vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda para el Estado español: una parte importante del conflicto catalán no se resuelve solo en el Congreso, sino también en juzgados que examinan el alcance de la amnistía caso por caso. Para el independentismo, cada archivo funciona como una victoria simbólica y un argumento para sostener que el Estado admite, tarde y a medias, que la estrategia penal contra el 1-O ha quedado agotada. Para el Gobierno central, en cambio, estas resoluciones forman parte del costo institucional de una salida que busca estabilizar la legislatura y rebajar la tensión territorial. En la vida cotidiana, la disputa jurídica importa porque mantiene vivas dudas sobre garantías, tiempos judiciales y el margen real para pasar página después de uno de los episodios más traumáticos de la política española reciente.
