Uchuraccay vuelve a interpelar al Perú: el hijo de una víctima desafía la versión oficial
Imagen: El País
A 43 años de la matanza de Uchuraccay, Carlos Infante reabre una herida que el Perú nunca cerró: la muerte de ocho periodistas en Ayacucho. Su investigación cuestiona la versión oficial y apunta a responsabilidades políticas y militares que siguen sin resolverse.
Cuarenta y tres años después de la matanza de Uchuraccay, el crimen que se convirtió en el mayor asesinato de periodistas en la historia del Perú vuelve a quedar bajo la lupa. Carlos Infante, hijo de uno de los ocho reporteros asesinados en Ayacucho, ha reconstruido los hechos con una mirada que incomoda al poder: según su investigación, la versión oficial que durante décadas explicó la tragedia como un ataque aislado de una comunidad campesina no termina de sostenerse y deja abiertas responsabilidades políticas y militares mucho más profundas.
El caso ocurrió en enero de 1983, en plena violencia interna que desangraba al país entre Sendero Luminoso, el Estado y una población atrapada entre dos fuegos. Los periodistas habían viajado a la sierra ayacuchana para cubrir lo que sucedía en una zona de conflicto armado y nunca regresaron. La lectura oficial de entonces buscó cerrar el expediente con rapidez, pero la nueva indagación de Infante, recogida por El País, vuelve sobre omisiones, contradicciones y silencios que durante años alimentaron la sospecha de que no se trató solo de una tragedia rural, sino de un episodio marcado por la desprotección estatal y por decisiones que nunca fueron investigadas a fondo.
Lo que está en juego no es únicamente la verdad sobre un crimen histórico, sino la manera en que el Perú ha administrado su memoria sobre la guerra interna. Uchuraccay simboliza el costo que pagaron los periodistas por intentar contar una guerra que muchos preferían ocultar, y también la fragilidad de las instituciones cuando la violencia se vuelve regla. Que sea el hijo de una de las víctimas quien vuelva a empujar la investigación tiene un peso político y moral evidente: su búsqueda no solo reclama justicia para su padre y sus colegas, sino que cuestiona una narrativa estatal que durante años convirtió el caso en una explicación cerrada. En un país donde la impunidad suele sobrevivir al paso del tiempo, este nuevo examen recuerda que hay heridas que no se curan mientras sigan mal contadas.
El valor de esta reconstrucción está en que obliga a mirar más allá del símbolo. Uchuraccay no fue solo una tragedia del pasado: sigue siendo una prueba sobre la relación entre prensa, poder y violencia en América Latina. Cada vez que un periodista cae y el Estado ofrece respuestas incompletas, el mensaje que queda es peligroso: informar puede costar la vida y, peor aún, la verdad puede quedar enterrada con las víctimas. Por eso este caso importa hoy, en Perú y en toda la región, como recordatorio de que sin verdad plena no hay memoria democrática posible.
