La Seguridad Social frena la reparación por amianto y rechaza siete de cada diez solicitudes
Imagen: El País
La Seguridad Social ha rechazado el 72% de las solicitudes de indemnización presentadas por afectados por el amianto, un dato que ha encendido las alarmas entre las asociaciones de víctimas. El sistema está lejos de cumplir su promesa: solo ha aprobado 6,34 millones de euros de los 25 millones previstos para el fondo.
La respuesta de la Seguridad Social al drama del amianto está siendo mucho más restrictiva de lo que esperaban las víctimas. Según publicó El País, el 72% de las solicitudes de indemnización presentadas por personas afectadas por esta sustancia cancerígena ha sido rechazado, un dato que deja al descubierto una brecha enorme entre la reparación anunciada por el Estado y el dinero que realmente está llegando a los afectados.
Las asociaciones de víctimas sostienen que el problema no es solo administrativo, sino político y moral: el fondo creado para compensar a quienes enfermaron por exposición al amianto nació con 25 millones de euros previstos, pero hasta ahora apenas se han aprobado 6,34 millones en ayudas. La diferencia es demasiado grande como para atribuirla únicamente a errores puntuales. En la práctica, miles de familias que esperaban una compensación por enfermedades pulmonares, cáncer u otras secuelas ligadas a este material se están encontrando con una puerta casi cerrada.
El caso del amianto sigue siendo una de las grandes deudas sanitarias y laborales en España. Durante décadas se utilizó de forma masiva en la construcción, la industria y otras actividades pese a que su peligrosidad era conocida o, como mínimo, altamente sospechada. Hoy sus efectos siguen apareciendo en forma de diagnósticos tardíos, incapacidades y muertes que llegan años después de la exposición. Por eso el fondo no era solo una medida económica: debía ser un mecanismo de reparación para personas que quedaron atrapadas entre la negligencia empresarial, la demora regulatoria y un sistema de reconocimiento que suele llegar tarde. Que las ayudas aprobadas estén tan por debajo de lo previsto sugiere que el problema no termina en el diagnóstico médico; continúa en el acceso efectivo a la compensación.
La cifra también abre una pregunta incómoda sobre la capacidad del Estado para responder a daños colectivos de larga duración. Cuando un fondo de reparación se diseña con una previsión de 25 millones y apenas distribuye una fracción de ese monto, la señal para las víctimas es devastadora: no solo tuvieron que enfermar, sino que además deben pelear para que la administración reconozca lo evidente. En un país donde el amianto sigue dejando huellas en barrios obreros, antiguos polos industriales y entornos laborales de alto riesgo, el alcance real de estas denegaciones va mucho más allá de una estadística; mide, en realidad, cuánto cuesta conseguir justicia cuando el daño ya está hecho.
