ACSN habrían montado una caja criminal de $7.000 millones al mes en el Caribe
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) estarían moviendo una caja criminal de hasta $7.000 millones mensuales, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz. La presión sobre comerciantes, transporte y turismo en Magdalena, La Guajira y Cesar revela hasta qué punto la extorsión se convirtió en su motor financiero.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) habrían consolidado una economía criminal de gran escala en el Caribe colombiano, con ingresos mensuales que podrían llegar a los $7.000 millones, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz citado por El Tiempo (Colombia). El hallazgo confirma que esta estructura no solo se sostiene por el narcotráfico, sino también por un sistema de cobros ilegales que golpea a comerciantes, transportadores y empresarios del turismo en Magdalena, La Guajira y Cesar. En la práctica, la extorsión se ha convertido en una especie de impuesto paralelo que castiga a economías locales ya frágiles y obliga a muchos negocios a operar bajo amenaza.
El reporte señala que la organización mantiene una presencia que le permite imponer pagos en múltiples frentes, desde pequeños comercios hasta actividades ligadas al transporte y la cadena turística. Esa capacidad de control territorial explica por qué las ACSN han logrado sostener un flujo constante de dinero, incluso en zonas donde la presencia institucional suele ser débil o intermitente. En paralelo, la información divulgada por El Tiempo (Colombia) indica que alias ‘Bendito Menor’ aparece entre los cabecillas identificados en la estructura, lo que sugiere que el mando operativo sigue distribuido entre varios niveles y que la red criminal conserva capacidad de adaptación frente a la presión de las autoridades.
Lo relevante de este informe no es solo la cifra, sino lo que revela sobre el tipo de poder que ejercen estos grupos en la región. Cuando una organización armada logra financiarse al mismo tiempo con extorsión y narcotráfico, el daño se expande más allá del delito inmediato: encarece la operación de negocios, frena inversiones, distorsiona el empleo y empuja a comunidades enteras a normalizar la violencia como parte del costo de vivir o trabajar allí. En departamentos donde el turismo y el comercio podrían ser motores de desarrollo, la presencia de una estructura armada que cobra por dejar trabajar termina asfixiando la economía legal y profundizando la desconfianza frente al Estado.
La lectura de fondo es incómoda pero necesaria: las ACSN ya no deben entenderse solo como un actor armado, sino como una empresa criminal con lógica de recaudo, control territorial y diversificación de rentas. Eso obliga a las autoridades a ir más allá de los golpes militares puntuales y atacar la cadena financiera que les permite sostenerse. Si no se desarticulan los cobros, las rutas del narcotráfico y las redes de protección local, la organización seguirá cobrando por el vacío que deja el Estado. Y mientras eso ocurra, el costo real lo seguirán pagando quienes abren su negocio, suben a un bus o intentan hacer turismo en una región donde la ilegalidad se cobra en efectivo y por adelantado.
