Familias de dos españoles presos en Guinea acusan a Exteriores de inacción y piden 180.000 euros
Imagen: El País
Las familias de dos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial acusan al Gobierno de no haber actuado para sacarlos de prisión y exigen 180.000 euros por daños. La reclamación añade que uno de ellos ha intentado suicidarse y sigue sin recibir atención hospitalaria adecuada.
Las familias de dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial han presentado una reclamación patrimonial contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por 180.000 euros, al considerar que el Estado español se mantuvo prácticamente inmóvil mientras sus allegados seguían presos en manos del régimen de Teodoro Obiang. El escrito, según informó El País, no solo cuestiona la gestión diplomática del caso, sino que pone el foco en la situación límite de uno de los detenidos, que habría intentado suicidarse y al que, siempre según la documentación presentada, se le estaría negando su traslado a un hospital.
La denuncia de la familia eleva la presión sobre Exteriores en un caso que lleva tiempo enquistado y que vuelve a abrir el debate sobre los límites de la acción consular cuando un ciudadano español queda atrapado en sistemas judiciales opacos y políticamente controlados. La reclamación patrimonial sostiene que la falta de una respuesta eficaz agravó el sufrimiento de los detenidos y de sus allegados, que aseguran haber visto cómo pasaban los meses sin avances reales para lograr su liberación o, al menos, mejorar sus condiciones de detención. En escenarios así, la diplomacia deja de ser una cuestión protocolaria y se convierte en una prueba de protección efectiva a ciudadanos vulnerables en el exterior.
El caso tiene además una dimensión incómoda para el Gobierno español: obliga a explicar hasta dónde llega su capacidad de presión frente a un Ejecutivo autoritario como el de Obiang, con el que España mantiene una relación históricamente tensa pero también marcada por intereses diplomáticos y económicos. Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, ha sido durante décadas un terreno especialmente delicado para la política exterior de Madrid, porque allí confluyen derechos humanos, negocios, vínculos históricos y una dependencia limitada de los canales formales de interlocución. Por eso, cada episodio de detención o persecución contra españoles adquiere una carga política que trasciende el expediente individual y se convierte en una cuestión de credibilidad institucional.
Más allá de la cifra reclamada, el fondo del asunto es otro: si el Estado español hizo todo lo que estaba en su mano para proteger a estos dos ciudadanos o si, como sostienen sus familias, optó por una espera pasiva que terminó costando salud, tiempo y dignidad. El expediente ahora deberá ser evaluado por la vía administrativa, pero el impacto ya es político y humano. Para las familias, la indemnización busca reparar un daño que consideran causado por la inacción; para Exteriores, será difícil evitar el escrutinio sobre cómo responde España cuando uno de los suyos queda encerrado en una prisión extranjera y la diplomacia se mide, justamente, por su capacidad de actuar antes de que sea demasiado tarde.
