Las multas suben, pero el impago de horas extra sigue siendo negocio para muchas empresas
Imagen: El País
Las sanciones por impago de horas extra se han triplicado desde 2018, pero el incumplimiento empresarial sigue prácticamente intacto. El coste para las compañías aún es menor que el ahorro que obtienen al no compensar ese tiempo, según los sindicatos.
Las multas de la Inspección de Trabajo por no pagar horas extra han subido con fuerza en los últimos años, pero el mensaje de fondo sigue siendo incómodo: a muchas empresas les sale rentable incumplir. Según los datos difundidos por El País, las sanciones pasaron de 5,3 millones de euros en 2018 a 15,7 millones en 2025, una escalada que, en teoría, debía corregir una práctica extendida. En la práctica, sin embargo, el volumen de tiempo extra no compensado se mantiene estable, lo que revela que el problema no es la falta de norma, sino la persistencia de un incentivo económico perverso.
El dato más revelador está en la comparación entre lo que pagan las empresas sancionadas y lo que ahorran al no abonar esas horas. Los sindicatos calculan que ese ahorro empresarial asciende a 3.378 millones de euros, una cifra que deja en evidencia la asimetría entre el castigo y el beneficio. Dicho de otra manera: aunque la Inspección ha intensificado la presión y las multas se han triplicado, el coste del incumplimiento sigue siendo asumible para muchos empleadores, sobre todo en sectores donde las jornadas se alargan de forma estructural y donde el exceso de horas se normaliza como parte del funcionamiento diario.
Esto importa porque las horas extra impagadas no son un problema contable menor, sino una forma de degradación salarial y de precarización del trabajo. Para el trabajador, significa más tiempo en la empresa sin la remuneración correspondiente; para el conjunto del mercado laboral, supone competencia desleal entre compañías y una rebaja encubierta de los estándares laborales. El hecho de que el volumen de tiempo no compensado apenas se haya movido en años sugiere que las inspecciones, por sí solas, no están logrando corregir una conducta que responde menos a la ignorancia que a una estrategia empresarial de ahorro. Si la probabilidad de sanción es baja o si la multa sigue siendo inferior al beneficio obtenido, el incumplimiento se convierte en una decisión racional desde el punto de vista de quien busca abaratar costes.
La evolución de estas sanciones también deja otra lectura de fondo: el Estado ha endurecido la vigilancia, pero no necesariamente ha logrado modificar el comportamiento empresarial. En un contexto de inflación de costes y presión sobre los márgenes, algunas compañías siguen trasladando el ajuste a la plantilla, alargando jornadas y evitando el pago de las horas extraordinarias. Para los trabajadores en España, el impacto es directo: menos salario real, más desgaste y menos capacidad de conciliación. Y para el debate público, el dato abre una pregunta de mayor calado: de poco sirve elevar las multas si estas no alcanzan a desactivar el negocio de incumplir.
