Un juez frenó la tasa de 100.000 dólares de Trump para visas H-1B
Imagen: infobae estados unidos
Un juez federal en Massachusetts frenó el cobro extraordinario de 100.000 dólares que la Casa Blanca había impuesto a las visas H-1B. El fallo devuelve el esquema anterior y golpea una medida que encarecía de forma drástica la contratación de talento extranjero en EE.UU.
Un juez federal en Massachusetts dejó sin efecto la tasa de 100.000 dólares que Donald Trump había impuesto a las visas H-1B, un golpe directo a una de las medidas más polémicas de su ofensiva migratoria y laboral. La decisión, emitida por Leo Sorokin, concluyó que ese cobro funcionaba en la práctica como un impuesto sin respaldo del Congreso, por lo que excedía las facultades de la Casa Blanca y devolvía el sistema al esquema previo de tarifas para este tipo de visados.
La resolución reabre un debate que va mucho más allá de una disputa legal: la visa H-1B es una herramienta clave para empresas de tecnología, hospitales, firmas de ingeniería y otras industrias que dependen de trabajadores altamente calificados nacidos fuera de Estados Unidos. Según informó infobae estados unidos, el intento de imponer una suma tan elevada como requisito de acceso alteraba de manera abrupta el costo de contratar talento extranjero y, en la práctica, convertía el programa en un mecanismo casi inaccesible para muchos empleadores. Para grandes corporaciones, el impacto podía absorberse con más facilidad; para pequeñas y medianas empresas, en cambio, el golpe era potencialmente prohibitivo.
El fallo también deja en evidencia un punto central del conflicto político en torno a la inmigración laboral: el Ejecutivo puede regular, endurecer o administrar programas migratorios, pero no siempre puede crear cargas económicas de ese tamaño sin pasar por el Congreso. Ese límite institucional es justamente lo que Sorokin remarcó al frenar la medida. Y aunque el caso responde a una discusión jurídica específica, su alcance es evidente: detrás de la batalla por la H-1B está la competencia de Estados Unidos por atraer profesionales en medio de una guerra global por ingenieros, programadores, investigadores y personal médico. Si la barrera económica se mantenía, el país corría el riesgo de encarecer su propia capacidad de innovación y de empujar talento hacia otros destinos.
Para millones de inmigrantes y empleadores, la decisión representa un alivio inmediato, pero no cierra la discusión. La presión política sobre el programa H-1B sigue viva y es probable que el tema vuelva a los tribunales o al terreno electoral, porque en Washington la visa de trabajo se ha convertido en un símbolo: para unos, de competitividad económica; para otros, de sustitución laboral y privilegio empresarial. En la práctica, el fallo de Massachusetts no solo frenó un cobro, sino que recordó que incluso en temas migratorios la Casa Blanca no puede actuar como si tuviera carta blanca para fijar impuestos por decreto.
