Los Ángeles pagó casi 480 millones de dólares en demandas policiales desde 2019
Imagen: infobae estados unidos
Los Ángeles ha desembolsado casi 480 millones de dólares desde 2019 para resolver demandas vinculadas a su policía, una factura que en 2024 alcanzó su punto más alto. Ese año, la ciudad pagó 178 millones de dólares para cerrar más de 300 litigios mientras lidiaba con un déficit presupuestario de 1.000 millones.
Los Ángeles ha gastado casi 480 millones de dólares desde 2019 para resolver demandas relacionadas con la actuación de su departamento de policía, una carga financiera que volvió a dispararse en 2024. Solo ese año, la ciudad destinó 178 millones de dólares a cerrar más de 300 litigios contra agentes, en medio de un déficit presupuestario de 1.000 millones de dólares, según informó infobae estados unidos.
La magnitud del gasto revela un problema que va mucho más allá de un mal año fiscal. Detrás de esa cifra hay un patrón de litigios que se acumulan por presuntos abusos, mala conducta o acciones cuestionadas de policías, y que terminan traduciéndose en pagos millonarios con dinero público. En una ciudad del tamaño de Los Ángeles, donde la presión sobre el presupuesto ya es alta por vivienda, seguridad, servicios sociales e infraestructura, cada dólar destinado a compensaciones legales es un dólar que no entra a otras prioridades urgentes.
El dato también abre una discusión incómoda sobre el costo real de la rendición de cuentas policial. Cuando una ciudad desembolsa cientos de millones para cerrar casos, no solo enfrenta el impacto contable inmediato: también evidencia fallas estructurales que pueden incluir supervisión insuficiente, capacitación deficiente o una cultura institucional que no logra prevenir conductas que terminan en tribunales. Y mientras esas causas de fondo no se corrigen, el ciclo se repite: más demandas, más acuerdos y más presión sobre unas finanzas públicas ya golpeadas.
El panorama es especialmente delicado porque el aumento de estos pagos llega en un momento en el que Los Ángeles intenta equilibrar su presupuesto sin sacrificar servicios esenciales. La combinación de déficit fiscal y costos legales crecientes convierte a esta factura policial en un asunto político de primer orden: no solo por lo que cuesta, sino por lo que dice sobre el funcionamiento de una de las mayores ciudades de Estados Unidos. Para los residentes, el problema termina sintiéndose dos veces: en la caja municipal y en la confianza sobre cómo se administra la seguridad pública.
