Las pensiones ya compiten con sanidad y educación en el debate fiscal español
Imagen: El País
La discusión sobre las pensiones en España ya no es solo contable: empieza a competir de frente con el gasto en sanidad y educación. Dos expertos pidieron en el Congreso abrir un debate político sobre qué prioridades debe financiar el país con la riqueza disponible.
El sistema de pensiones en España ha dejado de ser únicamente una cuestión de sostenibilidad financiera para convertirse en una decisión de país: si se sigue destinando una porción cada vez mayor de la riqueza a cubrir jubilaciones, el margen para financiar sanidad, educación y otras políticas públicas se estrecha. Ese fue el mensaje de fondo que dejaron en el Congreso Joaquín de la Fuente, investigador de Fedea, y Miguel Ángel Fuentes, de la Universidad de Alcalá de Henares, al reclamar que el debate deje de girar solo en torno a cuánto cuesta el sistema y empiece a responder una pregunta más incómoda: dónde quiere invertir la sociedad sus recursos.
La advertencia llega en un momento especialmente sensible. El envejecimiento demográfico, la jubilación de la generación del baby boom y la presión sostenida sobre el gasto público están empujando el gasto en pensiones hacia niveles que condicionan el resto del presupuesto. En la práctica, eso significa que cada euro adicional que se compromete en pensiones no aparece de la nada: sale de ingresos más altos, más deuda o de recortar otras partidas. Y ahí es donde los expertos sitúan el problema político real. No se trata, subrayaron, de enfrentar a pensionistas con estudiantes o pacientes, sino de asumir que los recursos son limitados y que cualquier decisión fiscal tiene ganadores y perdedores.
El aviso es relevante porque obliga a mirar más allá del corto plazo. España, como otros países europeos, ha construido durante décadas un consenso tácito en torno a la expansión del Estado del bienestar, pero ese acuerdo se vuelve más frágil cuando la pirámide poblacional se invierte y la base de cotizantes ya no crece al mismo ritmo que la nómina de pensionistas. Si no se redefine el reparto de prioridades, el sistema puede acabar tensionando áreas que también sostienen la cohesión social: una sanidad pública con listas de espera crecientes, una educación incapaz de absorber más inversión o unos servicios sociales desbordados. En otras palabras, la discusión sobre pensiones ya no puede tratarse como una pieza aislada del presupuesto, porque en realidad afecta al modelo de país que se quiere mantener.
Lo que plantean De la Fuente y Fuentes no es una solución cerrada, sino algo más incómodo y más necesario: transparencia política. Si la sociedad quiere dedicar una parte mayor de su riqueza a las pensiones, debe saber qué deja de financiar o cómo piensa aumentar de forma estable los ingresos. El debate, en ese sentido, no es técnico sino profundamente democrático. Y cuanto más se retrase, más probable será que la factura llegue por la vía menos ordenada: recortes implícitos, más deuda o una degradación silenciosa de servicios esenciales que la mayoría da por garantizados hasta que empiezan a fallar.
