Briceño y Borda meten al Congreso la pelea por tumbar los impuestos saludables
Imagen: El Tiempo - Política
Dos representantes radicaron en el Congreso un proyecto para eliminar los llamados “impuestos saludables”, una de las banderas tributarias más polémicas del actual ciclo político. La movida revive el pulso entre salud pública, recaudo fiscal y presión de la industria alimentaria.
Los representantes Daniel Briceño y Carol Borda llevaron al Congreso un proyecto para desmontar los llamados “impuestos saludables”, una medida que desde su implementación ha generado choques entre sectores empresariales, defensores de la salud pública y el Gobierno. La iniciativa pone sobre la mesa un debate de fondo: si estos gravámenes realmente cambian hábitos de consumo o si, por el contrario, terminan encareciendo la canasta de los hogares sin resolver el problema de fondo del exceso de azúcar, sodio y ultraprocesados.
Según informó El Tiempo - Política, la propuesta legislativa aparece en un momento especialmente sensible, porque no se trata de una discusión aislada sino de un pulso que ya venía calentándose desde hace semanas. De hecho, una iniciativa similar había sido anunciada por el gobierno de Abelardo De La Espriella, lo que muestra que el rechazo a estos impuestos no es solo un asunto de oposición parlamentaria, sino una agenda política más amplia que busca capitalizar el malestar de consumidores y productores afectados por el alza de precios en varios alimentos y bebidas.
El trasfondo es claro: los impuestos saludables fueron diseñados como una herramienta de política pública para desincentivar el consumo de productos asociados con enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, reforzar el recaudo. Pero en la práctica, su implementación ha tenido un costo político alto porque golpea el bolsillo de las familias, especialmente en un país donde la inflación alimentaria sigue siendo un tema sensible y donde cualquier aumento en productos de consumo masivo se siente de inmediato en mercados, tiendas de barrio y supermercados. Por eso esta discusión no solo habla de salud o de impuestos; también habla de quién paga la factura de las reformas y de cómo el Congreso está empezando a reordenar prioridades frente a una medida que nació con ambición sanitaria, pero que hoy enfrenta una resistencia cada vez más organizada.
Lo que viene ahora será una prueba de fuerza política. Si el proyecto avanza, el Gobierno tendrá que defender no solo una fuente de recaudo, sino también la lógica de una política que buscaba modificar hábitos de consumo a largo plazo. Si se hunde, quedará claro que los “impuestos saludables” todavía conservan respaldo institucional, aunque no necesariamente respaldo social. En cualquiera de los dos escenarios, el debate seguirá siendo útil para medir hasta qué punto Colombia está dispuesta a usar la tributación como herramienta de salud pública o si, ante la presión económica, prefiere retroceder.
