El PSPV denuncia en Fiscalía dos contratos a un condenado por Gürtel en Finestrat
Imagen: El País
El PSPV-PSOE ha llevado a la Fiscalía dos adjudicaciones del Ayuntamiento de Finestrat a David Serra, exdirigente del PP condenado en el caso Gürtel. Los socialistas señalan al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por posibles irregularidades en contratos que suman 400.000 euros.
El PSPV-PSOE ha puesto en el centro del debate la gestión del Ayuntamiento de Finestrat al denunciar ante la Fiscalía dos adjudicaciones realizadas a David Serra, abogado y exdirigente del PP condenado en el caso Gürtel. Los socialistas sostienen que esos contratos, por un total de 400.000 euros, podrían haber incurrido en irregularidades y apuntan políticamente al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por su papel en aquella etapa municipal.
Según informó El País, la acusación se centra en dos encargos hechos por el consistorio cuando Pérez Llorca presidía la institución local. El PSPV-PSOE considera que la contratación de Serra, una figura ya marcada por su condena en una de las tramas de corrupción más graves de la política valenciana, no solo merece una revisión administrativa, sino también un examen penal para determinar si se respetaron los procedimientos y si hubo trato de favor. La denuncia abre así un nuevo frente en torno a la contratación pública en la Comunidad Valenciana, un terreno donde las sombras del caso Gürtel siguen teniendo peso político y judicial.
El movimiento socialista tiene una lectura que va más allá del expediente concreto. En la política valenciana, cada contrato adjudicado a perfiles vinculados a viejas redes del PP reaviva la discusión sobre la calidad institucional, la transparencia y la continuidad de prácticas que la corrupción sistémica dejó normalizadas durante años. Que el señalamiento alcance al actual presidente autonómico eleva el coste político del caso y puede complicar su agenda en un momento en que la oposición busca erosionar su autoridad con asuntos que conectan directamente con la memoria reciente de la corrupción en la región. Para la ciudadanía, el fondo del asunto es claro: cómo se gastó dinero público, con qué criterios y si las instituciones aprendieron realmente de escándalos pasados.
La Fiscalía tendrá ahora que valorar si existen indicios suficientes para abrir diligencias y determinar si las adjudicaciones obedecieron a la legalidad o si, como sospecha el PSPV-PSOE, hubo una actuación irregular. Más allá de lo que ocurra en sede judicial, el caso vuelve a mostrar que la batalla por la ejemplaridad en la contratación pública sigue abierta en la Comunitat Valenciana y que los nombres asociados a Gürtel continúan proyectando una larga sombra sobre la política autonómica.
