Venezuela presiona por el oro en Londres mientras el sismo agrava la crisis
Imagen: clarin colombia
El gobierno interino de Venezuela aprovecha la tragedia sísmica para reclamar el fin de las sanciones y presionar al Reino Unido por las reservas de oro retenidas en Londres. La jugada mezcla emergencia humanitaria, disputa financiera y una batalla política que va mucho más allá de los escombros.
La nueva crisis sísmica en Venezuela no solo dejó una estela de muerte y destrucción: también reactivó la presión del gobierno interino para que se levanten las sanciones internacionales y para recuperar el oro venezolano que permanece bajo control del Banco de Inglaterra. Según informó clarin colombia, la presidenta interina Delcy Rodríguez pidió al rey Carlos III que desbloquee esos activos, en un momento en que el país intenta responder a una catástrofe que ya supera los 3.800 muertos y deja a casi 18.000 personas sin vivienda.
La solicitud no es menor. En medio del colapso de infraestructuras, la emergencia humanitaria y la necesidad urgente de fondos para asistencia, Rodríguez busca convertir la tragedia en un argumento político y diplomático para presionar a Londres y a las potencias que mantienen restricciones económicas sobre Caracas. La tesis del Ejecutivo interino es clara: sin acceso a recursos congelados y sin alivio de sanciones, la capacidad del Estado para atender a los damnificados queda severamente limitada. Pero detrás de ese reclamo también hay una disputa de soberanía: el oro en cuestión, retenido en la capital británica, simboliza la pugna por el control de los activos nacionales en un país donde el poder político sigue fragmentado y la crisis institucional no se ha resuelto.
El trasfondo importa porque Venezuela lleva años atrapada entre el deterioro económico, la pérdida de legitimidad de sus instituciones y las restricciones impuestas desde el exterior. Las sanciones, defendidas por sus promotores como una herramienta de presión democrática, han terminado por estrechar todavía más el margen de maniobra financiera de un Estado ya debilitado. Al mismo tiempo, la retención de reservas en el extranjero se ha convertido en un capítulo recurrente de la batalla por el poder: no se trata solo de oro, sino de quién puede disponer de los recursos del país y bajo qué condiciones. Para la gente común, sin embargo, el debate se traduce en algo mucho más concreto: hospitales sin insumos, albergues improvisados y familias que perdieron todo en cuestión de segundos.
La tragedia sísmica le da al gobierno interino una ventana para reordenar su discurso y presentarse como víctima de un cerco económico en un momento de máxima vulnerabilidad nacional. Pero la respuesta internacional dependerá de algo más que de una carta al rey Carlos III: también pesarán las dudas sobre la transparencia en el manejo de esos fondos, la legitimidad de quienes los reclaman y la forma en que se usen, si llegan a desbloquearse. En Venezuela, como tantas veces, la emergencia humanitaria y la disputa por los activos del Estado vuelven a caminar juntas, y el costo lo sigue pagando la población.
