Marlaska afronta en el Congreso una sesión incómoda por el caso Leire y la presión policial
Imagen: infobae
Fernando Grande-Marlaska llega el miércoles al Congreso bajo una presión política inusual: la oposición lo interrogará por el caso Leire, la muerte de dos guardias civiles en Huelva y la polémica por la agresión de un antidisturbios a una profesora en Valencia. La sesión promete medir el desgaste del ministro en uno de los momentos más delicados de Interior.
Fernando Grande-Marlaska se sentará el próximo miércoles en el Congreso en una de las comparecencias más incómodas de su etapa al frente de Interior. El ministro tendrá que responder a una oposición que llega con varias cargas simultáneas sobre la mesa: el ruido político en torno a Leire Díez, la muerte de dos guardias civiles en una persecución contra una narcolancha en Huelva y la polémica por la actuación de un antidisturbios que golpeó a una profesora durante una protesta en Valencia. No se trata solo de una sesión de control más: el contexto convierte el debate en una prueba de resistencia para un ministerio que lleva meses bajo escrutinio por seguridad, gestión policial y relaciones con sus propios socios parlamentarios.
En la sesión de control, el PP irá al ataque directo. El secretario general popular, Miguel Tellado, preguntará de forma genérica por qué Marlaska sigue ocupando el cargo, una fórmula que refleja el tono político que la oposición quiere imprimir al debate. Su compañera Ana Belén Vázquez elevará el listón y le exigirá aclarar si está del lado de la ley o del Gobierno, una pregunta diseñada para situar al ministro en el centro de una supuesta contradicción entre autonomía institucional y disciplina política. Pero no solo el PP llevará el foco a Interior. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, interpelará a Marlaska por las consecuencias democráticas de la agresión a una profesora que participaba en una manifestación de apoyo a la huelga educativa del pasado 31 de mayo en Valencia. Ese episodio, captado en imágenes, ha abierto una discusión que trasciende el hecho puntual: hasta dónde llega el uso de la fuerza en una protesta y qué mecanismos de control existen cuando la respuesta policial se excede.
Después de las preguntas, y a petición formal del PP, Marlaska deberá explicar ante el Pleno las circunstancias de la operación en la que murieron dos guardias civiles y otros dos resultaron heridos durante la persecución de una narcolancha en la costa de Huelva. También tendrá que detallar qué está haciendo su departamento, cómo avanza la investigación y qué medidas prevé para reforzar la protección de los agentes desplegados contra el narcotráfico. El trasfondo es evidente: la presión sobre Interior ya no se limita al debate partidista, sino que toca asuntos sensibles para la opinión pública, desde la seguridad de quienes combaten a las redes criminales hasta la confianza en la actuación policial en manifestaciones ciudadanas. En un país donde la lucha contra el narco y el control del orden público son dos frentes políticamente explosivos, cada respuesta del ministro será leída como una señal de fortaleza o de desgaste.
La comparecencia llega, además, con una segunda derivada que complica todavía más el escenario: la oposición pretende seguir apretando por las informaciones que se conocen sobre las agendas de Leire Díez, mientras que ERC, Compromís y BNG, socios del Gobierno, quieren también respuestas por la agresión a la profesora. Esa mezcla de ofensiva parlamentaria desde la derecha y exigencia de explicaciones desde aliados habituales deja a Marlaska en una posición especialmente delicada. Si el ministro no consigue cerrar filas con datos y explicaciones sólidas, la sesión puede convertirse en otro capítulo del deterioro político de Interior, justo cuando la seguridad de los agentes, la credibilidad institucional y el control de la protesta pública están bajo una lupa cada vez más exigente.
