Martha Peralta amplía indagatoria por el caso UNGRD y crece la presión sobre el Pacto Histórico
Imagen: infobae colombia
Martha Peralta fue trasladada desde los calabozos de la Dijín para ampliar su indagatoria ante la Corte Suprema por el escándalo de la UNGRD. El caso sigue sumando presión política sobre el Pacto Histórico y sobre la red de decisiones que rodeó el manejo del riesgo.
Martha Peralta, legisladora del Pacto Histórico, volvió este martes al centro del escándalo que ha sacudido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres: fue trasladada desde los calabozos de la Dijín para ampliar su indagatoria ante la Corte Suprema, en cumplimiento de una orden judicial que busca esclarecer su posible relación con el entramado de presunta corrupción. El movimiento, más allá de la diligencia puntual, confirma que el expediente de la UNGRD sigue abriendo grietas en el Congreso y en la coalición de gobierno, justo en un momento en el que cualquier señal de opacidad se convierte en combustible político.
Según informó infobae colombia, la congresista fue llevada bajo custodia para responder por hechos que la Corte considera relevantes dentro de la investigación que rodea el escándalo, uno de los más sensibles para el Estado en los últimos meses. La presencia de una senadora en esta clase de diligencias no es un asunto menor: cuando el alto tribunal entra a examinar el papel de un legislador en una trama que involucra contratación, intermediación política y manejo de recursos públicos, el caso deja de ser solo administrativo y pasa a ser una prueba de fuego para la credibilidad del sistema. La Corte, en este escenario, no solo investiga eventuales responsabilidades individuales, sino también la manera en que se habrían cruzado intereses políticos con decisiones sobre el uso de recursos destinados a la atención de emergencias.
El caso UNGRD se ha convertido en una radiografía incómoda de cómo los escándalos de contratación terminan alcanzando la política nacional. Lo que comenzó como una discusión sobre presuntas irregularidades en la gestión de ayudas y contratos hoy tiene implicaciones mayores: afecta la legitimidad del Gobierno, erosiona la confianza ciudadana y pone bajo presión a las fuerzas políticas que llegaron al poder con la bandera del cambio. En ese contexto, cada diligencia ante la Corte Suprema alimenta dos preguntas inevitables: hasta dónde llega la responsabilidad de quienes participaron en las decisiones y cuántas otras piezas faltan por aparecer en una investigación que todavía no muestra su dimensión completa.
Para el Pacto Histórico, el episodio es especialmente delicado porque toca a una de sus figuras en medio de un ambiente ya cargado por la desconfianza hacia las élites políticas. Y para la opinión pública, el mensaje es claro: el escándalo de la UNGRD no es un capítulo cerrado ni un caso aislado de mala administración, sino una historia en evolución que puede terminar revelando fallas estructurales en los controles del Estado. En un país acostumbrado a que los grandes escándalos se diluyan con el tiempo, la insistencia de la Corte en seguir ampliando indagatorias indica que esta vez la investigación podría avanzar más allá del ruido político y acercarse a responsabilidades concretas.
