EE. UU. golpea a Martha Peralta en medio del escándalo de la UNGRD
Imagen: El Tiempo - Política
El Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres en una medida que les afecta la visa. La congresista dijo que no ha recibido notificación oficial ni conoce las razones de la decisión.
La decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar o restringir la visa a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres introduce un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción de la UNGRD y eleva la presión política sobre una de las congresistas más cercanas al debate público en Colombia. Peralta, señalada en medio de las pesquisas por el entramado de desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, respondió que no ha recibido una comunicación oficial sobre la medida y que tampoco conoce los motivos que la habrían provocado, según reportó El Tiempo - Política.
La reacción de la senadora busca poner distancia frente a una decisión que, por ahora, se conoce más por sus efectos políticos que por sus detalles administrativos. De acuerdo con la información divulgada por el medio, la inclusión de Peralta y Torres en las medidas del Departamento de Estado se dio en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la red de contrataciones y favores que ha golpeado a la UNGRD y que ya tiene implicaciones judiciales, disciplinarias y reputacionales para varios actores del poder en Colombia. En este tipo de casos, Washington suele actuar con prudencia pública: no siempre explica de inmediato las razones de sus determinaciones, pero sus medidas suelen tener un peso simbólico fuerte, sobre todo cuando apuntan a figuras que están bajo la lupa de la justicia o la opinión pública.
Lo importante aquí no es solo la afectación personal de una visa, sino el mensaje político que deja. En Colombia, donde los escándalos de corrupción suelen moverse entre la indignación momentánea y la memoria corta, una sanción o restricción impuesta desde Estados Unidos puede reconfigurar el costo reputacional de los involucrados y complicar sus márgenes de maniobra. Si la medida se confirma y se sostiene, Peralta no solo enfrentará preguntas sobre su vínculo con la red de la UNGRD, sino también sobre la dimensión internacional de las sospechas que ya la rodean. Para una clase política acostumbrada a resistir los golpes domésticos, una señal negativa desde Washington suele tener un efecto distinto: no resuelve el caso, pero sí acelera el aislamiento.
A la espera de una explicación oficial, el episodio deja abierta una pregunta incómoda para el sistema político colombiano: hasta qué punto los controles internos han sido suficientes para frenar los beneficios construidos alrededor de la contratación pública y las redes de influencia. Para la ciudadanía, que termina pagando el costo de cada desvío de recursos, el caso confirma que la crisis de la UNGRD no es un episodio aislado sino una radiografía del deterioro institucional que sigue cobrando factura dentro y fuera del país.
