Maru Campos respalda a la FGR en caso de César Jáuregui y deja el proceso al Poder Judicial
Imagen: infobae
Maru Campos cerró filas con la Fiscalía General de la República tras el caso que involucra al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui. La gobernadora afirmó que la indagatoria estatal ya terminó su fase inicial y que cualquier colaboración deberá pasar por los canales institucionales.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, marcó distancia pública frente al expediente que involucra al exfiscal César Jáuregui y dejó en manos del Poder Judicial el siguiente movimiento del caso. Según informó infobae, la mandataria sostuvo que la investigación estatal ya concluyó su etapa inicial y que, a partir de ahora, cualquier cooperación con instancias federales deberá canalizarse por las vías formales correspondientes.
Ese mensaje no es menor en un estado donde los casos que tocan a exfuncionarios suelen arrastrar lecturas políticas además de judiciales. Campos evitó anticipar escenarios sobre el futuro de Jáuregui y optó por insistir en que la Fiscalía estatal ya hizo su parte en la fase preliminar. Con esa postura, la gobernadora deja claro que no pretende interferir en una investigación que, por el peso del personaje involucrado, puede tener repercusiones dentro del aparato de justicia local y en la relación con la Fiscalía General de la República.
El fondo del asunto es institucional y también político. En México, cuando un caso pasa de la indagatoria local a un posible expediente federal, el mensaje que se envía hacia la opinión pública es que la ruta ya no depende de la voluntad del Ejecutivo estatal, sino de lo que determinen las autoridades competentes y, eventualmente, el Poder Judicial. Para Chihuahua, eso significa que el proceso entra en una etapa más delicada: la de sustentar jurídicamente lo actuado y evitar que el caso sea leído como una disputa entre grupos de poder. Para la ciudadanía, en cambio, el punto clave es si la justicia avanza con independencia o si vuelve a quedar atrapada en el enredo de las lealtades políticas.
La declaración de Campos también funciona como una señal de contención. En vez de confrontar a la FGR o cerrar filas con una defensa política del exfiscal, la gobernadora eligió un discurso de institucionalidad. Es una ruta que busca blindar al gobierno estatal frente a eventuales señalamientos, pero también pone el foco en lo que venga después: la capacidad de las autoridades para sostener el caso en tribunales y resolverlo sin que el ruido político opaque el fondo del expediente.
