Legisladores de 13 países exigen frenar ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico
Imagen: El País
Más de 70 legisladores de 13 países americanos exigieron detener los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, al calificarlos como ejecuciones extrajudiciales. La denuncia apunta directamente a Donald Trump y reabre el debate sobre el uso de la fuerza en nombre de la lucha antidrogas.
Más de 70 legisladores de 13 países de América elevaron la presión sobre Washington al pedir el fin de los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, una ofensiva que, según denunciaron en una carta pública, se estaría ejecutando bajo el argumento de combatir el narcotráfico pero con prácticas que describen como ejecuciones extrajudiciales. El señalamiento coloca a Donald Trump en el centro de una controversia regional que mezcla seguridad, derechos humanos y soberanía, y que ya no se limita a la arena diplomática: empieza a convertirse en un problema político hemisférico.
De acuerdo con la carta citada por El País, los firmantes acusan a la administración estadounidense de atacar embarcaciones pesqueras en aguas donde la línea entre control antinarcóticos y uso desproporcionado de la fuerza se vuelve cada vez más borrosa. El reclamo no es menor: cuando un gobierno usa poder militar contra lanchas o barcos civiles bajo sospecha, sin garantías claras de debido proceso, el debate deja de ser una operación de seguridad y pasa a ser una discusión sobre legalidad internacional. Que la denuncia provenga de parlamentarios de tantos países le da al caso una dimensión regional inédita y aumenta el costo político para la Casa Blanca.
El trasfondo importa porque América Latina conoce bien los efectos secundarios de las campañas antidrogas diseñadas desde Washington. Durante décadas, la región ha cargado con operativos, cooperación militar y estrategias de interdicción que prometen resultados rápidos pero suelen dejar preguntas abiertas sobre derechos, transparencia y efectividad. En este caso, la acusación de ejecuciones extrajudiciales golpea uno de los puntos más sensibles de la política exterior estadounidense: la pretensión de combatir redes criminales sin terminar erosionando el marco legal que dice defender. Para países como Colombia y otras naciones del Caribe y el Pacífico, el asunto no solo toca relaciones diplomáticas; también afecta a comunidades costeras, pescadores y economías locales que dependen del mar y quedan expuestas cuando la seguridad marítima se militariza.
La carta también revela algo más profundo: un cansancio político en la región frente a la lógica del garrote que suele acompañar la guerra contra las drogas. Si los señalamientos prosperan, Estados Unidos podría enfrentar no solo críticas de organizaciones de derechos humanos, sino una resistencia parlamentaria transnacional que complica su margen de maniobra. Y aunque la Casa Blanca suele defender este tipo de operativos como parte de su estrategia de seguridad nacional, el costo reputacional puede terminar siendo tan relevante como cualquier balance operativo. En un continente que conoce de sobra las consecuencias de las soluciones simples para problemas complejos, esta vez el mensaje de los legisladores es claro: combatir el narcotráfico no puede convertirse en una licencia para matar.
