Tacna quiere usar material ferroviario de Lima para impulsar ruta con Arica

Tacna ha movido una ficha política y técnica que puede reordenar el debate sobre transporte en el sur peruano: el Gobierno Regional pidió a la Municipalidad de Lima que evalúe la entrega de una locomotora y diez vagones vinculados al proyecto ferroviario impulsado por Rafael López Aliaga, con la intención de destinarlos a una eventual conexión con Arica, en Chile. La revelación fue hecha por La Encerrona y, de confirmarse, abriría la puerta a una discusión que va más allá de un simple traspaso de material rodante: se trata de saber si el país está dispuesto a convertir activos hoy subutilizados en una herramienta de integración fronteriza y desarrollo regional.

Según la información difundida por el medio digital, la solicitud tacneña busca que la Municipalidad de Lima evalúe si ese material puede ser cedido o transferido para fortalecer una ruta ferroviaria que conecte el extremo sur del Perú con la ciudad chilena de Arica, un corredor con potencial económico y logístico, pero también con evidentes desafíos de coordinación binacional, infraestructura y operación. El dato es relevante porque el proyecto ferroviario asociado a López Aliaga ha estado en el centro de una fuerte controversia pública por su origen, su destino y su viabilidad, y ahora aparece como una posible pieza para otra iniciativa distinta a la concebida originalmente.

Detrás de este pedido hay una lectura política y territorial que no conviene pasar por alto. Tacna lleva años reclamando inversiones que le permitan salir de su aislamiento relativo y reforzar su papel como nodo fronterizo, comercial y turístico. Una conexión ferroviaria con Arica no solo tendría valor simbólico en una zona históricamente marcada por tensiones y cooperación intermitente entre Perú y Chile; también podría impactar en la movilidad de personas, en el intercambio comercial y en la competitividad de la región. Pero el asunto no se resuelve con una locomotora y diez vagones: hace falta infraestructura, estudios técnicos, acuerdos entre gobiernos y una definición clara sobre quién paga, quién opera y con qué demanda real funcionaría la ruta. En ese punto estará la prueba de fuego.

Si la Municipalidad de Lima accede siquiera a evaluar la propuesta, el caso podría convertirse en un precedente incómodo para quienes defendieron el material ferroviario como parte de una solución inmediata para la capital. Para Tacna, en cambio, la movida representa una oportunidad de presionar por una agenda propia, menos limeña y más conectada con las necesidades del sur profundo. Lo que está en juego no es solo el destino de unos vagones: es la disputa por el uso de recursos públicos, la capacidad del Estado para planificar transporte con visión territorial y la posibilidad de que una frontera históricamente secundaria recupere protagonismo en la integración andina.