Ministerio de Educación busca derogar política de educación sexual y Petro alerta riesgos
Imagen: infobae colombia
El Ministerio de Educación pidió revisar y suspender la implementación de la Resolución 1350 de 2026, que sustenta la Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva. La decisión abrió una nueva pugna con el presidente Gustavo Petro, que advirtió riesgos sobre el alcance de la medida.
El Ministerio de Educación puso en marcha el trámite para derogar la Resolución 1350 de 2026, la norma que dio soporte a la Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva. La ministra Myriam Hoyos pidió a la Presidencia iniciar la revisión formal del acto administrativo y detener nuevas actuaciones relacionadas con su implementación mientras avanza el proceso, una movida que de inmediato encendió las alarmas en el Gobierno y abrió un nuevo frente de disputa política.
La solicitud no es menor: en la práctica, implica congelar la expansión de una política pública que había sido presentada como una herramienta para fortalecer la formación, la prevención y el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos en el sistema educativo. De acuerdo con la información conocida, la funcionaria planteó que antes de seguir ejecutando la resolución debía adelantarse una evaluación jurídica y administrativa sobre su validez, alcance y efectos, lo que podría terminar en su derogatoria si prospera la revisión.
La reacción del presidente Gustavo Petro fue inmediata. Según informó infobae colombia, el mandatario arremetió contra la medida y advirtió que una eventual eliminación de esta política puede tener consecuencias serias en un país donde persisten brechas profundas en educación sexual, embarazos adolescentes, violencia de género y acceso desigual a información confiable. Más allá del choque político, el debate toca un punto sensible: quién define el contenido de la educación pública y hasta dónde puede llegar el Estado en la formación de niños, niñas y adolescentes sobre salud sexual y reproductiva.
El trasfondo es más amplio que una discusión reglamentaria. En Colombia, cada giro sobre educación sexual suele activar tensiones entre sectores conservadores, organizaciones sociales, comunidades educativas y el propio Ejecutivo, porque el tema ha estado históricamente atravesado por disputas ideológicas y religiosas. Si la derogatoria avanza, no solo se frenaría una política recién adoptada; también se enviaría una señal sobre el rumbo del Gobierno frente a un asunto que impacta directamente a estudiantes, familias y docentes. En un país donde la educación sexual sigue siendo incompleta y desigual, cualquier retroceso normativo puede traducirse rápidamente en menos prevención, menos orientación y más vulnerabilidad para los adolescentes.
