Perú confirma pago por secuestro en Trujillo y busca rastrear la ruta del dinero
Imagen: infobae
El ministro de Defensa de Perú confirmó que hubo un pago para liberar al empresario secuestrado en Trujillo y que ahora la prioridad es rastrear el dinero. El caso expone la presión que ejercen las bandas criminales en el norte del país y la dificultad del Estado para frenar estos secuestros.
El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que sí hubo un pago para lograr la liberación del empresario secuestrado en Trujillo, un caso que volvió a poner en evidencia la capacidad de las redes criminales para imponer sus condiciones en una de las regiones más golpeadas por la violencia. Según informó Infobae, el funcionario aseguró que el operativo terminó con la puesta a salvo de la víctima y que ahora la prioridad de las autoridades es seguir la ruta del dinero entregado a los captores.
La revelación cambia el foco del caso: ya no se trata solo de rescatar a una persona sino de identificar quiénes financiaron, ejecutaron y facilitaron el secuestro. De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, el gobierno peruano trabaja en la trazabilidad del pago para intentar llegar a los responsables de la banda, en un contexto en el que Trujillo y otras zonas del norte se han convertido en escenario de extorsiones, secuestros y amenazas sistemáticas contra empresarios, comerciantes y transportistas. La declaración de Defensa confirma además que el Estado actuó bajo una presión límite, en una negociación forzada por el riesgo inmediato contra la vida de la víctima.
El caso importa más allá de un hecho policial. En Perú, como en otros países de la región, el secuestro se ha convertido en una herramienta de negocio para organizaciones criminales que operan con lógica de control territorial y cobro ilegal. Que las autoridades admitan el pago abre una discusión incómoda: hasta qué punto el rescate de una víctima puede terminar alimentando el mismo engranaje delictivo que se intenta desmantelar. También deja una señal clara para el sector privado, especialmente en ciudades donde la inseguridad ya no es una percepción sino un costo cotidiano que condiciona inversiones, movilidad y empleo.
Ahora la atención estará en dos frentes: la investigación para ubicar a los responsables y la capacidad del gobierno de responder con resultados concretos en una región donde la violencia criminal ha ido ganando terreno. Si el Estado no logra identificar a la red detrás del secuestro, el mensaje para las bandas es peligroso: secuestrar sigue siendo rentable. Y mientras eso ocurra, empresarios y familias seguirán viviendo bajo una amenaza que se mide en dinero, miedo y silencio.
