Sánchez rectifica su balance y admite que los asesinatos de líderes sociales sí aumentaron
Imagen: El Tiempo - Política
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rectificó una cifra que había presentado sobre los asesinatos de líderes sociales durante el gobierno de Gustavo Petro. La corrección lo obligó a admitir que el balance no muestra una reducción, sino un aumento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, terminó corrigiendo una cifra que había dado en una entrevista con La Luciérnaga de Caracol y que rápidamente abrió dudas sobre el balance de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. La rectificación es políticamente incómoda porque toca uno de los temas más sensibles del país: la violencia contra los líderes sociales, una tragedia que sigue golpeando a comunidades rurales, organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos en distintas regiones de Colombia.
Según informó El Tiempo - Política, Sánchez había entregado inicialmente un dato que sugería una caída en los asesinatos de líderes sociales durante esta administración, pero luego reconoció públicamente que la comparación correcta muestra lo contrario: los homicidios aumentaron. En un tema tan delicado, el error no es menor. No se trata solo de una cifra mal dicha en una entrevista radial, sino de una señal de lo difícil que resulta para el Gobierno sostener un discurso de mejora en seguridad cuando la realidad territorial sigue marcada por amenazas, extorsiones, disputas armadas y presencia de estructuras ilegales en zonas donde el Estado llega tarde o no llega.
La corrección tiene peso político porque el gobierno Petro ha insistido en que su política de seguridad busca atacar las causas estructurales de la violencia, reducir el conflicto en los territorios y fortalecer la presencia institucional. Pero los asesinatos de líderes sociales siguen siendo uno de los indicadores más duros para medir si esa promesa se está cumpliendo. Estos asesinatos no solo representan una vulneración individual: desarman el tejido comunitario, frenan la organización local y envían un mensaje de terror a quienes defienden tierras, sustitución de cultivos, derechos ambientales o reclamos de víctimas. Cuando la cifra sube, el problema no es estadístico; es de control territorial, protección efectiva y respuesta estatal.
En ese contexto, la rectificación de Sánchez deja al descubierto algo más amplio que un desliz comunicativo: la fragilidad del relato oficial sobre seguridad. Para la ciudadanía, especialmente en departamentos donde los líderes sociales siguen bajo amenaza, el debate no es si una cifra se corrigió o no, sino por qué persiste la violencia y qué tan lejos está el Estado de impedirla. Si el Gobierno quiere defender su gestión en esta materia, necesitará más que ajustes públicos a los datos: tendrá que mostrar resultados verificables en terreno, porque en Colombia las correcciones no borran los muertos ni alivian el miedo.
