Ministro de Justicia niega negociación con delincuentes pese a pedidos de diálogo
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El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que distintos delincuentes y cabecillas han manifestado interés en acercarse al Gobierno, pero descartó que exista una negociación en curso. La aclaración llega en medio del debate sobre los canales de diálogo con grupos armados y estructuras criminales.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, puso freno a las versiones sobre eventuales acercamientos con estructuras criminales al asegurar que, aunque distintos delincuentes y cabecillas han pedido abrir una conversación con el Gobierno, hoy no existe ninguna negociación. La afirmación, hecha en medio de la discusión pública sobre los límites de la llamada “paz total” y los contactos con actores armados, marca una línea política clara: una cosa es escuchar y otra muy distinta sentarse a negociar.
Según explicó el jefe de la cartera, el Gobierno sí ha dado respuesta a todos los grupos armados que han buscado algún tipo de interlocución, aunque no precisó cuáles son ni detalló el alcance de esos contactos. Esa reserva no es menor. En Colombia, cada señal sobre supuestos diálogos con criminalidad organizada suele tener impacto inmediato en el debate público, sobre todo porque la frontera entre exploración, sometimiento a la justicia y negociación política suele ser confusa para la opinión pública. El mensaje del ministro apunta a contener interpretaciones que podrían dar por hecho una mesa de conversaciones inexistente.
El pronunciamiento también revela la tensión permanente entre la necesidad estatal de reducir la violencia y el costo político de cualquier acercamiento con quienes siguen delinquiendo. En los últimos años, el país ha visto cómo distintos gobiernos han intentado combinar presión judicial, operaciones de seguridad y canales de diálogo para desactivar estructuras armadas; sin embargo, cada intento termina bajo escrutinio por el temor a que la negociación termine enviando un mensaje de permisividad. Por eso, la frase del ministro no solo busca desmentir, sino también marcar distancia frente a cualquier lectura que pueda equiparar respuesta institucional con concesión política. Para la gente de a pie, en ciudades y regiones golpeadas por extorsión, secuestro y control territorial, esta definición importa porque de ella depende si el Estado está negociando con criminales o simplemente administrando salidas jurídicas dentro del marco legal.
El punto de fondo es que el Gobierno sigue bajo presión para mostrar resultados concretos en seguridad, mientras mantiene abierta la puerta a estrategias diferenciadas frente a grupos ilegales. En ese escenario, cada declaración de un ministro pesa más que un comunicado: puede redefinir expectativas, calmar rumores o alimentar sospechas. Por ahora, el mensaje de Justicia es uno solo: hay solicitudes de acercamiento, sí; negociación, no. Y en un país donde las palabras del Estado suelen medirse según su capacidad de frenar la violencia, esa diferencia no es semántica, sino política.
