Rodrigo Lara pide investigar denuncia sobre presunta orden contra Miguel Uribe
Imagen: El Tiempo - Política
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, pidió que se investiguen las denuncias de María Claudia Tarazona sobre una presunta orden para asesinar a Miguel Uribe. El Gobierno dice que busca esclarecer lo ocurrido, en medio de un episodio que eleva la tensión política.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió a responder este martes a las denuncias de María Claudia Tarazona sobre una presunta orden que habría salido del Congreso para asesinar a Miguel Uribe. En medio del ruido político que produjo esa afirmación, el funcionario insistió en que el Gobierno quiere esclarecer el caso y que las acusaciones deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias.
Lara no entró en detalles sobre la denuncia puntual, pero sí dejó claro que el Ejecutivo no pretende pasar por alto un señalamiento de esa gravedad. Su postura, según informó El Tiempo - Política, fue la de respaldar una indagación formal que permita establecer si existe sustento detrás de lo dicho por Tarazona y cuáles serían los eventuales responsables, en caso de que las versiones sean ciertas.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa el nivel de polarización que atraviesa la política colombiana y la facilidad con la que una denuncia de este calibre puede escalar en el debate público. Hablar de una supuesta orden de asesinato desde el Congreso no solo compromete a figuras concretas, sino que golpea la confianza sobre las instituciones, en especial en un momento en que cualquier insinuación de violencia política tiene efectos inmediatos sobre la opinión pública. Por eso el llamado a investigar no es un gesto menor: es una prueba para saber si el Estado puede actuar con rapidez, rigor y sin sesgos.
Más allá del choque inicial, el punto de fondo es que este tipo de señalamientos no deberían quedar atrapados en la discusión mediática. Si hay elementos serios, deben ser verificados por las autoridades competentes; si no los hay, también debe aclararse con celeridad para evitar que una acusación grave se convierta en un arma de propaganda. En un país con antecedentes de violencia política, cualquier duda sobre una amenaza contra un dirigente obliga a extremar la verificación y a medir el costo institucional de cada palabra.
