Lara responde al gobernador de Nariño y reabre el debate sobre la seguridad en el sur
Imagen: El Tiempo - Política
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió al paso de las críticas del gobernador de Nariño sobre la política de seguridad del gobierno De La Espriella. La discusión reabre el debate sobre cómo equilibrar paz territorial, presencia estatal y respuesta armada en una de las regiones más golpeadas por la violencia.
El cruce entre el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el gobernador de Nariño volvió a poner sobre la mesa una tensión vieja pero decisiva para el sur del país: cómo responder a la inseguridad sin romper los frágiles equilibrios construidos en los territorios más golpeados por el conflicto. Según informó El Tiempo - Política, Lara salió a responder las críticas hechas por el mandatario departamental a la política de seguridad del gobierno De La Espriella, en medio de un debate que no es solo político sino profundamente territorial.
En el centro de la discusión aparece Luis Alfonso Escobar, a quien se le reconoce haber respaldado los procesos de paz impulsados en su departamento. Ese antecedente no es menor. Nariño ha sido una de las regiones donde los intentos de diálogo, los acuerdos locales y la presencia institucional han convivido con la presión de actores armados, economías ilegales y una ciudadanía que sigue viviendo entre la promesa de la estabilización y la realidad de la violencia cotidiana. En ese contexto, las críticas del gobernador no se leen como una simple diferencia de criterio, sino como el reflejo de una preocupación más amplia sobre si la estrategia del gobierno está entendiendo o no la complejidad del territorio.
La respuesta de Lara, de acuerdo con lo publicado por El Tiempo - Política, busca marcar distancia frente a la idea de que la seguridad puede resolverse solo con endurecimiento o con medidas uniformes aplicadas desde Bogotá. Ese punto es clave porque Nariño no es un laboratorio abstracto: allí confluyen fronteras porosas, rutas del narcotráfico, disputas armadas y comunidades que han apostado por soluciones negociadas para evitar que la guerra siga desplazándose sobre la población civil. Cuando un gobernador que ha defendido procesos de paz cuestiona la política de seguridad, lo que está en juego no es solo su relación con el Ejecutivo, sino la credibilidad de una estrategia estatal que debe demostrar resultados sin desmontar lo avanzado en construcción de confianza local.
Lo que ocurra después dependerá de si el Gobierno decide leer estas críticas como una presión política o como una advertencia útil. En territorios como Nariño, la gente no mide el éxito de la seguridad por la retórica oficial, sino por algo mucho más básico: poder moverse, trabajar y vivir sin quedar atrapada entre grupos armados y promesas incumplidas. Por eso este choque importa más allá del ruido entre funcionarios. En el fondo, revela la vieja pregunta que sigue sin resolverse en Colombia: si el Estado quiere recuperar control territorial, ¿lo hará escuchando a quienes han sostenido la paz local o imponiendo desde arriba una receta que ya ha fracasado demasiadas veces?
