Lara admite ajustes en escoltas a exfuncionarios de Petro y pide priorizar la lucha criminal

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que algunos esquemas de protección asignados a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro fueron ajustados a la baja, aunque no eliminados por completo. La aclaración llega en medio de preguntas sobre la continuidad de la seguridad para exintegrantes del gabinete y sobre el criterio con el que el Estado decide cuándo una persona deja de representar un riesgo alto y cuándo debe seguir recibiendo protección especial.

Según explicó Lara, la reducción responde a una revisión de necesidad y no a un retiro total de la protección. En su lectura, la Policía no debería seguir destinando un número alto de uniformados a escoltar a personas que, a juicio del Gobierno, ya superaron el nivel de amenaza que justificó inicialmente el dispositivo. El ministro insistió en que la prioridad de la fuerza pública debe estar en enfrentar estructuras criminales, proteger a la ciudadanía y concentrar recursos en tareas de seguridad con impacto directo sobre el orden público.

El mensaje tiene implicaciones más amplias de lo que parece. En Colombia, los esquemas de seguridad suelen convertirse en un termómetro político: cuando se amplían, se cuestiona el gasto y la capacidad operativa de la Policía; cuando se reducen, aparecen alertas sobre eventuales vulneraciones a la integridad de exfuncionarios o líderes amenazados. El debate no es menor porque el país arrastra una deuda histórica en protección de servidores públicos, líderes sociales, excombatientes y opositores, en un contexto donde las amenazas no siempre desaparecen cuando termina el cargo. Por eso, cada ajuste en estos dispositivos suele leerse también como una señal de cómo el Gobierno interpreta el riesgo y cómo distribuye unas capacidades de seguridad que, en la práctica, son finitas.

Lo que queda sobre la mesa es una discusión de fondo: hasta qué punto la protección estatal debe mantenerse después de que alguien sale de un cargo sensible y quién define con suficiente rigor ese umbral. Si el Ejecutivo logra demostrar que las reducciones obedecen a evaluaciones técnicas y no a pulsos políticos, podría defender una reasignación más racional de recursos. Pero si las decisiones se perciben como arbitrarias, el mensaje se complica, porque en Colombia la seguridad personal no es un asunto menor ni un privilegio simbólico: es una condición básica para ejercer la función pública sin miedo y para que el Estado no llegue tarde cuando la amenaza ya se convirtió en realidad.