Gobierno busca digitalizar expedientes de consulta previa y destrabar represamientos
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno prepara un ajuste al procedimiento de consulta previa con el que busca destrabar miles de expedientes acumulados. Según el ministro Rodrigo Lara, la meta es digitalizar la totalidad de los casos represados sin tocar el derecho de las comunidades.
El Gobierno nacional alista una reorganización del trámite de consulta previa con una prioridad clara: sacar del atasco los expedientes acumulados sin debilitar un derecho que ha sido durante años una de las principales disputas entre el Estado, las comunidades étnicas y los sectores productivos. Según explicó el ministro Rodrigo Lara en declaraciones recogidas por El Tiempo - Política, la apuesta es digitalizar el 100% de los casos represados para acelerar la gestión administrativa y ordenar un procedimiento que hoy enfrenta demoras prolongadas.
Lara defendió el ajuste como una medida de eficiencia estatal y marcó una línea política que sintetiza el sentido de la reforma: la consulta previa, dijo en esencia, se mantiene intacta; lo que no puede seguir vigente es el cuello de botella que ha frenado proyectos, trámites y decisiones por meses o incluso años. La intención del Ejecutivo, de acuerdo con lo expresado por el ministro, es que la modernización no implique recortes a la garantía de participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y demás comunidades cobijadas por este mecanismo, sino una forma más ágil de tramitar los expedientes que hoy están acumulados.
La discusión no es menor. En Colombia, la consulta previa se ha convertido en un campo de tensión permanente entre dos necesidades que a menudo chocan: por un lado, la obligación constitucional de proteger los derechos colectivos de las comunidades; por el otro, la presión para resolver trámites que impactan infraestructura, energía, minería, transporte y otros sectores sensibles para la economía. Cuando el Estado demora estos procesos, no solo crecen los costos para inversionistas y entidades públicas: también se multiplica la desconfianza de las comunidades, que terminan viendo el procedimiento como un trámite opaco o insuficiente. Si el Gobierno logra digitalizar expedientes y ordenar tiempos, podría ganar algo que ha sido escaso en esta materia: trazabilidad. Pero el reto real no será tecnológico, sino político y jurídico, porque cualquier intento de acelerar la consulta previa será evaluado con lupa por organizaciones sociales, comunidades y tribunales.
En el fondo, lo que está en juego es si el Ejecutivo puede mostrar que modernizar no es sinónimo de recortar. Si la reforma termina siendo solo una forma de destrabar proyectos, la resistencia será inmediata. Si, en cambio, consigue reducir la maraña burocrática sin alterar el contenido del derecho, podría abrir una salida a uno de los puntos más trabados de la relación entre el Estado colombiano y las comunidades étnicas, con efectos directos en la ejecución de obras, licencias y decisiones administrativas que hoy siguen empantanadas.
