Nariño moverá campaña para reconstruir trapiche destruido por grupos armados en Linares
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Gobernación de Nariño anunció una campaña para recuperar un trapiche destruido por grupos armados en Linares, una afectación que dejó sin sustento a más de un centenar de campesinos. El caso expone cómo la violencia sigue golpeando la economía rural y frenando la vida productiva en el suroccidente colombiano.
La Gobernación de Nariño pondrá en marcha una campaña para ayudar a reconstruir el trapiche destruido por grupos armados en el municipio de Linares, una infraestructura de la que dependían más de un centenar de campesinos para sostener su economía diaria. La medida busca responder a una emergencia que no solo dejó pérdidas materiales, sino que también cortó de golpe una cadena productiva esencial para varias familias rurales de la zona. En el campo, cuando cae un trapiche, no se pierde únicamente una máquina: se paraliza el ingreso de comunidades enteras que viven de la caña y de su transformación en panela.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), el ataque contra estas propiedades dejó a los productores en una situación crítica, al punto de resumir su tragedia en una frase tan simple como devastadora: lo perdieron todo. La administración departamental ahora intenta articular apoyos para que el municipio de Linares pueda recuperar una herramienta básica de trabajo, en un contexto donde cada día de inactividad significa menos ingresos, más endeudamiento y mayor incertidumbre para los campesinos que dependen de esa actividad para subsistir. La reparación de este trapiche, además, no es un asunto aislado: implica devolverle oxígeno a una economía local que opera con márgenes muy estrechos y que rara vez aparece en el centro de las decisiones estatales.
Lo ocurrido en Linares vuelve a mostrar una verdad incómoda del suroccidente colombiano: la violencia armada no solo disputa territorio, también destruye infraestructura productiva y condena a las comunidades a retroceder años en su desarrollo. En departamentos como Nariño, donde la ruralidad ha cargado históricamente con el costo del conflicto, un hecho de este tipo tiene efectos en cascada: afecta el empleo informal, golpea el comercio pequeño y debilita la seguridad alimentaria de familias que ya viven al límite. Por eso la campaña anunciada por la Gobernación no debería leerse solo como una respuesta solidaria, sino como un síntoma de la fragilidad estructural que enfrentan los campesinos cuando el Estado llega tarde y la violencia se adelanta.
El desafío ahora no será únicamente levantar de nuevo el trapiche, sino evitar que esta escena se repita en otros puntos del departamento. En la práctica, la recuperación material tendrá sentido solo si viene acompañada de protección real para la población rural, presencia institucional sostenida y medidas que permitan reactivar la producción sin que los campesinos queden otra vez a merced de los grupos armados. En Nariño, como en buena parte de Colombia, reconstruir una máquina es apenas el primer paso; lo difícil es reconstruir la confianza de quienes siguen trabajando la tierra en medio del miedo.
