El Gobierno exprime la negociación para salvar un decreto clave de vivienda
Imagen: El País
El Gobierno español intenta cerrar a contrarreloj un decreto de vivienda que ha tensado a sus socios y reabre la batalla sobre desahucios, alquileres y protección social. La negociación avanza porque todos han cedido algo, pero el acuerdo sigue al borde del precipicio.
El Gobierno español llegó al límite para intentar salvar un decreto de vivienda que, según la información publicada por El País, solo parece viable tras una negociación de vértigo entre socios que hasta hace unos días estaban en posiciones muy alejadas. Sumar y otros grupos a la izquierda de la mayoría parlamentaria empujan para endurecer o ampliar medidas como la duración del escudo antidesahucios, la regulación del alquiler de habitaciones y la extensión de contratos; al mismo tiempo, Junts ha amagado con romper la baraja y dejar caer la iniciativa si el texto se acerca demasiado a las posiciones de la izquierda.
La clave de estas horas, de acuerdo con las fuentes consultadas por El País, es que nadie ha quedado inmóvil: todos se han movido, aunque sea con reticencia, y eso abre una rendija para el pacto. El pulso no es menor. En un Congreso fragmentado, cada decreto necesita una mayoría incómoda y frágil, y vivienda se ha convertido en uno de los campos de batalla más sensibles de la legislatura. No se discute solo una batería de medidas técnicas; se discute hasta dónde puede llegar el Estado para proteger a inquilinos, evitar desalojos y frenar un mercado tensionado por la escasez de oferta, la presión turística y la escalada de precios que expulsan a miles de familias de los barrios donde viven y trabajan.
Este episodio revela algo más profundo: la política de vivienda en España sigue atrapada entre la urgencia social y la aritmética parlamentaria. La presión de Sumar y de la izquierda responde a un malestar real en la calle, donde los alquileres absorben una parte cada vez mayor del salario y los procedimientos de desahucio siguen siendo una amenaza cotidiana para hogares vulnerables. Pero Junts, que representa intereses territoriales y un electorado sensible a la propiedad y al impacto en pequeños arrendadores, ha marcado límites muy claros. En ese tablero, el Ejecutivo no solo negocia una norma; mide la resistencia de su coalición y la capacidad de sostener una agenda social en un Parlamento donde cualquier victoria puede convertirse en una derrota a cámara lenta.
Si el decreto sale adelante, será menos por una convergencia ideológica que por puro cálculo político: nadie quiere cargar con el coste de hacer naufragar una medida que afecta a uno de los problemas más urgentes para la ciudadanía. Si fracasa, el mensaje será igual de contundente: en España, incluso cuando la vivienda aprieta, gobernar sigue dependiendo de hilar acuerdos imposibles en tiempo récord.
