Fiscalía señala a 'Negro Ober' por presuntas extorsiones dirigidas desde la cárcel
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Fiscalía asegura que alias 'Negro Ober', presunto cabecilla de Los Costeños, habría dirigido extorsiones desde la cárcel contra comerciantes de Barranquilla, Soledad y Galapa. Las exigencias llegarían a $13 millones y estarían sustentadas en videollamadas interceptadas.
La Fiscalía puso bajo la lupa un caso que vuelve a exhibir la capacidad de las bandas criminales para operar incluso detrás de las rejas: alias ‘Negro Ober’, señalado cabecilla de ‘Los Costeños’, habría coordinado desde prisión una red de extorsiones contra comerciantes de Barranquilla, Soledad y Galapa. Según informó El Tiempo (Colombia), el expediente incluye videollamadas, instrucciones y exigencias económicas que, en algunos casos, habrían alcanzado los 13 millones de pesos, una cifra suficiente para asfixiar a pequeños y medianos negocios del Atlántico.
De acuerdo con lo revelado por la Fiscalía, las víctimas habrían sido presionadas para pagar bajo amenazas directas, en una dinámica que ya es familiar en varias zonas urbanas del Caribe colombiano: primero llega el mensaje, luego la intimidación y, si no hay respuesta, aparecen los riesgos para la seguridad personal, familiar o comercial. El caso apunta a que desde la cárcel se mantenía el control sobre cobros ilegales y sobre la estructura encargada de ejecutar la presión en calle. La imputación y las pruebas recabadas buscan demostrar que el recluso no estaba aislado de la operación delictiva, sino que seguía tomando decisiones y moviendo recursos a través de terceros.
Este episodio importa más allá del nombre propio del presunto jefe criminal. En Colombia, la extorsión se ha convertido en una de las formas más dañinas de violencia cotidiana porque golpea directamente la economía formal e informal: el tendero, el transportador, el comerciante de barrio, el dueño de un restaurante o el pequeño empresario terminan pagando un impuesto ilegal para poder trabajar. El caso de ‘Negro Ober’ refuerza una pregunta incómoda para el Estado: cómo cortar el mando criminal dentro de las cárceles, donde muchas organizaciones siguen encontrando teléfonos, redes de apoyo y capacidad de coordinación. Si la investigación prospera, también podría abrir una nueva discusión sobre el fracaso en el control penitenciario y la necesidad de perseguir no solo a quienes cobran en la calle, sino a quienes ordenan desde adentro.
Para los comerciantes del Atlántico, el impacto no es abstracto: cada amenaza altera horarios, ventas, inversiones y decisiones de supervivencia. Para las autoridades, el desafío es doble: judicializar a los responsables y desmontar la cadena que permite que un preso mantenga influencia territorial. En un país donde la extorsión sigue creciendo como negocio criminal, este caso deja una señal clara: las cárceles, si no se controlan, pueden terminar funcionando como oficinas de mando del delito.
